La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas reclamó la intervención inmediata de la Dirección de Bosques del Chaco, la Fiscalía y las fuerzas de seguridad tras la denuncia por el ingreso no autorizado de maquinaria pesada y el desmonte de unas veinte hectáreas de bosque nativo en un campo de Pampa Flores, cerca de Charata. La dueña del predio denunció que, pese a sus reiterados pedidos de auxilio, ningún organismo competente se presentó a tiempo para frenar la destrucción ni preservar las pruebas.
La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas expresó su preocupación por hechos denunciados en el Lote 56, Sección 13, de Pampa Flores, en el establecimiento conocido como “Don Mario”, en la zona rural de Charata, al oeste de la provincia del Chaco. Según surge de la declaración jurada presentada por la propietaria, el predio forma parte de un campo de monte nativo que su familia ocupa, trabaja y cuida desde 1986. Aunque la situación del inmueble está discutida judicialmente, la presentación buscó poner en conocimiento de las autoridades el ingreso de maquinaria pesada, los desmontes realizados dentro del campo, los daños al bosque nativo y la falta de respuesta estatal frente a las denuncias reiteradas.
Para la entidad, ninguna controversia sobre la titularidad de un inmueble habilita el ingreso con topadoras, la apertura de picadas, el derribo de árboles ni la alteración del monte chaqueño. La protección del bosque nativo, sostuvo, excede las disputas entre particulares porque constituye una cuestión de interés público, de justicia ambiental y de defensa de los territorios.
Topadoras, denuncias y una oficina vacía
De acuerdo con la declaración jurada, el 13 de junio la denunciante fue alertada de que personas desconocidas habían violentado el candado del portón de ingreso al campo y que una topadora estaba realizando tareas de desmonte dentro del predio. Desde ese momento intentó comunicarse con distintas autoridades para pedir una intervención urgente. Dos días después, el 15 de junio, un vecino le informó que un carretón con una máquina topadora volvía a ingresar al campo. La mujer llamó al 911, hizo gestiones para lograr la intervención de la autoridad forestal y se presentó personalmente en la oficina de la Dirección de Bosques en Charata, donde no encontró funcionarios: una persona que realizaba tareas de limpieza le dijo que la dependencia había quedado sin personal.
La denunciante se trasladó entonces al campo. Antes de llegar, observó un carretón detenido junto a un móvil de la Policía Rural, con efectivos policiales y personas vinculadas al ingreso de la maquinaria en el lugar. Según su relato, alguien se presentó allí como el nuevo propietario del campo y, tras conversar con los efectivos, el carretón fue autorizado a retirarse. Recién después de esa situación pudo ingresar al predio y recorrer los sectores afectados, donde encontró huellas de maquinaria, movimientos recientes de suelo, árboles derribados y sectores abiertos mediante picadas de gran ancho. La topadora que había sido vista antes ya no estaba en el lugar.
Promesas de inspección que no se cumplieron
Esa misma noche formuló una denuncia penal y aportó la información reunida. Le informaron que al día siguiente concurrirían al predio funcionarios de la Fiscalía, de la Policía Rural y de la Dirección de Bosques para inspeccionar la zona, preservar las evidencias y verificar los desmontes denunciados. Sin embargo, el 16 de junio esperó desde temprano y ninguna dependencia competente se hizo presente, por lo que presentó una nueva denuncia penal ese mismo día. Los hechos continuaron y realizó nuevas denuncias el 19 y el 21 de junio, cuando incluso se habría reemplazado el portón y el candado de acceso al inmueble.
Veinte hectáreas de monte chaqueño arrasadas
Según las declaraciones, los desmontes afectaron aproximadamente veinte hectáreas de bosque nativo. También se constató el derribo de numerosos árboles y la alteración del hábitat de distintas especies de fauna silvestre, entre ellas osos hormigueros y guazunchos, propias del monte chaqueño. La asociación remarcó que ese ecosistema regula el agua, conserva los suelos, sostiene la biodiversidad y forma parte de la vida cotidiana de las comunidades rurales y urbanas de la región, y que el avance de una topadora sobre el bosque nativo destruye un patrimonio milenario con relaciones ecológicas únicas, además de alterar el escurrimiento del agua y la calidad del suelo de manera irreversible.
Una falla institucional, según los ambientalistas
La entidad remarcó que, en este tipo de casos, el Estado debe intervenir de forma inmediata porque los tiempos son decisivos: las huellas de la maquinaria, los árboles derribados, los movimientos de suelo y los rastros de ingreso deben preservarse como evidencia, ya que cualquier demora permite que las pruebas se pierdan, se alteren o sean eliminadas. Según los abogados ambientalistas, hubo denuncias desde el primer momento, llamadas al 911, intentos de contacto con la autoridad forestal, presencia policial en el lugar, promesas de inspección y ausencia posterior de los organismos competentes. Si estos hechos se confirman, sostuvieron, no se trata solo de un posible desmonte irregular, sino también de una falla institucional que permitió que el daño avanzara.
Los reclamos a Bosques, Fiscalía y Policía Rural
La asociación exigió que la Dirección de Bosques del Chaco explique qué medidas tomó desde la primera denuncia, por qué no se realizó una inspección integral inmediata y cuál era la situación administrativa del predio al momento de los hechos. También reclamó que informe si existía alguna autorización para desmontar, abrir picadas, mover suelo o ingresar maquinaria pesada: de no existir, plantearon que corresponde avanzar con las sanciones y denuncias pertinentes, y de existir, que sea exhibida públicamente y revisada bajo los estándares de protección del bosque nativo. A la Fiscalía le pidieron que investigue quiénes participaron, autorizaron, financiaron o ejecutaron las tareas denunciadas, y que determine si hubo responsabilidades por acción u omisión de funcionarios públicos. A la Policía Rural le exigieron que aporte todos los registros de su intervención, identifique a las personas presentes en el lugar y explique bajo qué circunstancias se permitió el retiro del carretón.
El pedido central: frenar el daño y proteger a la denunciante
La organización reclamó una inspección urgente e integral del predio afectado, la preservación de las pruebas existentes, la identificación de todas las personas involucradas y la determinación de la magnitud real del daño ocasionado al bosque nativo. Pidió además el cese inmediato de cualquier intervención sobre el campo, el resguardo del ingreso al predio, la protección de la denunciante y la adopción de medidas para evitar nuevos desmontes, incluyendo en la investigación a quienes manejaron o trasladaron la maquinaria y a quienes pudieron haberla solicitado, financiado, autorizado o facilitado. Para la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, el Estado provincial tiene la obligación de proteger el bosque nativo, fuente de agua, biodiversidad, suelos y salud del territorio, y cada hectárea perdida representa un daño colectivo para toda la sociedad.
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