Daniel Vera, docente jubilado que vive en Resistencia, cumple un año bajo prisión preventiva domiciliaria. Está acusado de publicar amenazas anónimas en Facebook con expresiones antisemitas contra Javier Milei y otras figuras públicas. Su detención se produjo en el marco de un desproporcionado operativo realizado por la policía de la Ciudad de Buenos Aires que viajó casi mil kilómetros para detenerlo, por orden del juez Ariel Lijo. Tras el rechazo definitivo a la probation, la causa quedó en condiciones de avanzar hacia el juicio oral.
Daniel Vera, docente jubilado chaqueño y empleado de la Obra Social para la Actividad Docente (OSPLAD), permanece desde hace un año bajo prisión preventiva por una causa en la que está acusado de publicar amenazas anónimas con contenido antisemita contra el presidente Javier Milei, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, el exdiputado José Luis Espert y los periodistas Luis Majul, Jonatan Viale y Eduardo Feinmann. Tras el rechazo definitivo al pedido de probation, el expediente quedó encaminado hacia un juicio oral.
La historia de Vera parece una pesadilla orwelliana. Fue detenido el 2 de julio de 2025 en su vivienda de Resistencia durante un operativo realizado por efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que viajaron hasta la capital chaqueña para concretar el procedimiento.
La medida fue ordenada por el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 4, a cargo del juez Ariel Lijo, en el marco de una investigación iniciada a partir de tareas de “ciberprevención”. Días después, Vera fue procesado por los delitos de amenazas anónimas e incitación al odio.
Durante el allanamiento se secuestraron cinco armas de aire comprimido, cuchillos, computadoras, discos rígidos externos y pendrives. En aquel momento, diversos medios nacionales calificaron el material hallado como “un arsenal”. La defensa del imputado, en cambio, sostiene que los elementos secuestrados no acreditan la capacidad de Vera para concretar las amenazas que se le atribuyen y destaca que no posee antecedentes penales.
Las publicaciones investigadas
La investigación se originó a partir de publicaciones realizadas en febrero de 2025 en un grupo de Facebook vinculado a la causa palestina. Según la acusación, bajo el perfil “Elpidio Sánchez”, Vera compartió imágenes del presidente Milei, del primer ministro israelí Netanyahu, del exdiputado Espert y de los periodistas Majul, Viale y Feinmann con un punto rojo sobre la frente.
También se le atribuye haber publicado la frase: “Como a ratas hay que cazarlos y eliminarlos”, en una publicación que incluía un enlace a un video sobre soldados israelíes acusados de crímenes de guerra. Esos mensajes fueron difundidos mientras el acusado realizaba publicaciones denunciando la situación humanitaria en Gaza.
“Jamás llamé a dañar a nadie. Mis posteos fueron una expresión de indignación frente a lo que considero un genocidio, algo que vengo repudiando desde hace décadas”, se defendió Vera en una nota realizada con el medio El Destape.
El paso por la detención
Tras su arresto, Vera permaneció alojado en una dependencia de la Comisaría Tercera de Resistencia. Su defensa denunció que estuvo varios días sin cama ni colchón, con acceso limitado a sanitarios, sin asistencia técnica adecuada y sin haber sido informado formalmente de los cargos que pesaban en su contra.
Ante esa situación, el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco presentó un hábeas corpus correctivo. Como consecuencia, la jueza federal Zunilda Niremperger ordenó garantizar condiciones dignas de alojamiento, acceso a atención médica por su cuadro de hipertensión, comunicación con su defensa y evitar su exposición pública.
Posteriormente fue trasladado a la sede de la Policía Federal Argentina en Resistencia, donde permaneció hasta que el 11 de julio obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria. Aunque también se había dispuesto su alojamiento en una unidad del Servicio Penitenciario Federal, ese traslado nunca llegó a concretarse.
Desde entonces permanece bajo arresto domiciliario y únicamente puede abandonar su vivienda por razones médicas o situaciones de emergencia.
Los pedidos de libertad
A lo largo de la investigación, la defensa impulsó distintos planteos para recuperar la libertad de Vera. Uno de ellos fue presentado el 17 de noviembre ante el fiscal Nicolás Czizik, quien rechazó el pedido al considerar que seguían vigentes los riesgos procesales que justificaban la prisión preventiva. La defensa, por el contrario, sostuvo que ya no existía peligro de fuga ni de entorpecimiento de la investigación, dado que la etapa de instrucción se encontraba concluida.
La posibilidad de evitar el juicio oral quedó descartada el pasado 4 de junio, cuando el juez Carlos Mahiques, integrante de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, rechazó el recurso presentado por la defensa y confirmó que Vera no accederá a la suspensión del juicio a prueba (probation).
Uno de los aspectos más llamativos del expediente fue la postura adoptada por el periodista Eduardo Feinmann, quien interviene como querellante particular. Según la resolución judicial, Feinmann prestó conformidad con el otorgamiento de la probation y aceptó que la reparación económica ofrecida por el imputado fuera destinada a una institución de bien público. Además, no formuló objeciones al pedido para que Vera recuperara su libertad.
Sin embargo, el planteo encontró la oposición del Ministerio Público Fiscal. El fiscal Nicolás Czizik sostuvo que la gravedad de los hechos investigados —que incluyen amenazas reiteradas y presuntos discursos de odio y discriminación— hacía necesaria la realización de un juicio oral.
En su dictamen, argumentó que aún debía determinarse si la conducta atribuida al acusado estaba amparada por la libertad de expresión o si, por el contrario, configuraba los delitos imputados.
Al resolver la apelación, Mahiques avaló la postura fiscal y sostuvo que su oposición se encontraba debidamente fundada.
“La opinión del representante del Ministerio Público Fiscal supera la criba de legalidad, razonabilidad y logicidad que se exige para que ésta resulte vinculante para la jurisdicción”, afirmó el magistrado. Con esa decisión, la causa quedó encaminada hacia la realización del juicio oral.
Amicus curiae
Organizaciones de Derechos Humanos se mostraron preocupadas por la situación de Vera. Este es el caso de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) que se presentó como amicus curiae —amigo del tribunal— en el expediente que tramita ante el Tribunal Oral Federal N° 3 y reclamó que las conductas atribuidas al jubilado no constituyen delito.
En su escrito, presentado el 25 de junio pasado, la organización señaló que las publicaciones atribuidas a Vera no contienen un anuncio concreto, inequívoco y determinado de un mal futuro, y que la hipótesis acusatoria se sostiene sobre una interpretación atribuida al significado de imágenes, sin texto ni contexto que permita afirmar objetivamente la existencia de una amenaza.
En materia de prisión preventiva, el organismo convocó la jurisprudencia de la Corte IDH —casos López Álvarez vs. Honduras y Bayarri vs. Argentina— para recordar que la medida cautelar debe ser excepcional, proporcional y revisable en forma periódica, y que su utilización extendida sin sentencia firme equivale a una pena anticipada. En ese marco, cuestionó implícitamente la prolongación de la prisión domiciliaria de Vera, que se extiende hace ya un año.
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