Un relevamiento de las recientes ediciones del Boletín Oficial del Chaco revela cómo financieras y cadenas comerciales impulsan ejecuciones judiciales en serie por créditos impagos. La mayoría de los expedientes involucra a trabajadores de la administración pública provincial, docentes, integrantes de las fuerzas de seguridad y empleados municipales.
Las últimas ediciones del Boletín Oficial del Chaco ofrecen una radiografía de una problemática que crece silenciosamente al calor de la pérdida del poder adquisitivo: la judicialización masiva del endeudamiento por consumo.
Decenas de edictos publicados por juzgados civiles y comerciales de Resistencia y del interior provincial muestran cómo entidades financieras y comercios recurren sistemáticamente a la Justicia para ejecutar pagarés firmados por consumidores que dejaron de pagar créditos personales o compras financiadas.
Detrás de cada expediente aparece un fenómeno que excede lo estrictamente judicial. El crédito, que durante años funcionó como una herramienta para acceder a bienes durables o afrontar gastos extraordinarios, pasó a convertirse para muchos hogares en una forma de sostener el consumo cotidiano frente a la caída de los ingresos.
La situación que reflejan los tribunales chaqueños se inscribe en un contexto nacional de fuerte deterioro del crédito de las familias. Un informe de la consultora Equilibra señaló que la morosidad de los créditos destinados a personas alcanzó en mayo de este año el nivel más alto de las últimas dos décadas, con alrededor de 5,8 millones de argentinos registrados como deudores en situación irregular.
A su vez, un informe de la consultora 1816, publicado recientemente en Clarín, reflejó que la cantidad de atrasos en las deudas escaló de manera muy marcada en el último año y medio: en octubre de 2024 la mora era de 2,5% entre las familias, mientras que en mayo fue de 12,7%. Es decir, se multiplicó por cinco.
El circuito financiero de la necesidad
Los expedientes publicados permiten reconstruir un mecanismo que se repite una y otra vez. Empresas financieras, entidades bancarias y grandes cadenas comerciales presentan juicios ejecutivos o procesos monitorios para cobrar pagarés firmados al momento de otorgar préstamos personales o financiar la compra de electrodomésticos, indumentaria y otros bienes de consumo.
Cuando el deudor deja de pagar las cuotas, la acreencia ingresa rápidamente al circuito judicial. En el proceso monitorio, el juez puede dictar una sentencia de ejecución con la sola presentación del pagaré. Si la persona demandada no opone excepciones dentro de un plazo muy breve, la resolución queda firme y habilita el embargo de cuentas bancarias, salarios y otros bienes.
El sistema privilegia la rapidez del cobro y reduce considerablemente las posibilidades de defensa, especialmente cuando la notificación no llega efectivamente al domicilio del demandado.
Además, el relevamiento de las últimas ediciones del Boletín Oficial permite advertir que las ejecuciones no corresponden únicamente a deudas recientes. Entre las publicaciones de julio aparecen expedientes iniciados en 2016, 2018, 2019, 2021, 2022 y 2023, lo que muestra que el circuito judicial de cobro puede extenderse durante años. En muchos casos, las actuaciones reaparecen cuando el acreedor solicita la citación por edictos al no poder ubicar al deudor en su domicilio, reactivando procesos que permanecían abiertos desde hace largo tiempo.
Una radiografía de los sectores más afectados
Los edictos publicados permiten advertir que buena parte de las personas ejecutadas pertenecen al sector asalariado formal: trabajadores de la administración pública provincial, docentes, integrantes de las fuerzas de seguridad y empleados municipales.
En la práctica, sus salarios constituyen la garantía más accesible para los acreedores. A ello se suma el efecto multiplicador de la deuda. Al capital originalmente adeudado se agregan intereses compensatorios, moratorios y punitorios, además de honorarios profesionales y una reserva para costas judiciales que, habitualmente, representa entre un 30% y un 50% adicional sobre el monto reclamado.
En muchos casos, cuando las empresas afirman desconocer el domicilio actualizado del deudor, la citación se realiza mediante edictos publicados en el Boletín Oficial. Si la persona no comparece, el proceso continúa con la intervención del Defensor Oficial de Ausentes y puede culminar con embargos sobre el salario sin que el demandado haya tenido conocimiento efectivo del trámite.
También se observa cómo el monto inicialmente adeudado crece a medida que avanza el proceso. Al capital reclamado se incorporan intereses, honorarios profesionales e importes presupuestados para afrontar costas judiciales. En algunos expedientes relevados, las regulaciones de honorarios representan sumas significativas que incrementan considerablemente el costo final de la ejecución para el deudor.
Un negocio extendido: financieras y comercios
Entre las entidades financieras aparece Banco de Valores S.A., con múltiples procesos ejecutivos tramitados ante el Juzgado Civil y Comercial 12 de Resistencia. En los expedientes publicados se reclaman distintos montos de capital, junto con las correspondientes costas judiciales.
También figura CFN S.R.L. (Compañía Financiera NEA), con causas tanto en Resistencia como en Sáenz Peña, donde promueve ejecuciones por préstamos personales impagos. Otra de las firmas identificadas es COFINAR SAS, que impulsa procesos ejecutivos ante el Juzgado de Procesos Ejecutivos, Concursos y Quiebras 3 de Sáenz Peña.
A ellas se suman Créditos Efectivos S.A. y CEN S.A., que mantienen juicios ejecutivos y citaciones por edictos en distintos juzgados civiles de la provincia. En el segmento comercial también sobresale Cetrogar S.A., que tramita ejecuciones de pagarés derivados de operaciones de financiación en cuotas para la compra de electrodomésticos y productos informáticos.
A las firmas ya identificadas se suma Crediar S.A., que también registra juicios ejecutivos publicados en los tribunales de Charata, ampliando el mapa territorial del fenómeno y evidenciando que las ejecuciones alcanzan a distintas localidades del interior provincial.
Por su parte, distintos Juzgados de Paz del área metropolitana registran pedidos de embargo preventivo promovidos por financieras locales, que suelen solicitar la inmovilización de bienes por montos superiores al capital originalmente reclamado para cubrir intereses y costas.
Lo informado en las recientes ediciones del Boletín Oficial del Chaco constituyen una radiografía silenciosa del sobreendeudamiento. Mientras los informes nacionales muestran un deterioro récord en los indicadores de morosidad y un crecimiento sostenido de personas excluidas del sistema crediticio, las publicaciones judiciales permiten observar cómo esa crisis adquiere una expresión concreta en los tribunales.
Detrás de cada número de expediente no sólo hay un pagaré impago, sino también el reflejo de una economía doméstica cada vez más dependiente del crédito para sostener el consumo y más expuesta a la judicialización cuando ese endeudamiento se vuelve impagable.
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