Tras una protesta de padres que mantenían el establecimiento cerrado por peligro de electrocución y derrumbes, el Juzgado de Paz de Campo Largo dictó una medida cautelar para garantizar el derecho a la educación segura de los niños del Paraje Fortín Las Chuñas, ubicada a unos 11 kilómetros del casco urbano. En dicha unidad educativa asisten a diario casi 100 estudiantes.
En un fallo que pone de relieve el deterioro de la infraestructura escolar en el interior provincial, el Juzgado de Paz y Faltas de Campo Largo intervino de oficio para exigir al Ministerio de Educación de la Provincia y a su área de Infraestructura Escolar, una respuesta inmediata ante las precarias condiciones de la Escuela N° 307 “Nélida Perea”.
La resolución de tutela preventiva de derechos de niños, niñas y adolescentes, firmada por el juez José Luis Haertel, surge tras un informe policial que alertaba sobre una manifestación de madres y padres en la puerta del colegio. Los tutores habían tomado la drástica decisión de suspender las clases y cerrar el edificio ante el temor por la integridad física de sus hijos, denunciando que el inmueble “se cae a pedazos” con graves deficiencias en el sistema eléctrico y techos. A dicha unidad educativa asisten casi 100 estudiantes de la zona.
Riesgo eléctrico
Según se pudo saber, el magistrado fundamentó su intervención en la necesidad de resguardar el “interés superior del niño”, señalando que la situación informada excede un problema administrativo para convertirse en una amenaza directa a la integridad de los niños, niñas y adolescentes que concurren a diario.
Entre las medidas ordenadas, el magistrado libró un oficio urgente para que el Cuerpo de Bomberos realice una inspección técnica sobre el estado del sistema eléctrico, riesgo de incendio y habitabilidad del edificio.
Además, emplazó a Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación a realizar una inspección técnica inmediata y adoptar “sin demora las medidas de reparación y contingencia pertinentes”. A su vez solicitó la colaboración a la Municipalidad de Campo Largo para que aporte personal técnico y apoyo logístico para atender la emergencia.
“No basta”
En su sentencia, Haertel subrayó que el derecho a la educación no se agota con tener un edificio abierto, sino que exige un “ámbito seguro” para ello. “Pesa sobre todos los órganos del Estado el deber de actuar con especial premura, prudencia y eficacia”, sostiene el fallo, advirtiendo que frente a derechos de niños no es aceptable una respuesta estatal “tardía, meramente formal o expectante”.
El juez señaló que su actuación “no tuvo por finalidad sustituir competencias ajenas”, sino dar cauce institucional, urgencia y seguimiento a una problemática preexistente que comprometía el acceso de los niños y niñas a la educación “en condiciones adecuadas de seguridad”.
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