Claudia Beatriz Lucena, por entonces jefa de la Comisaría Tercera de Fontana donde fueron golpeados y detenidos ilegalmente jóvenes de la comunidad Qom en 2020, irá a juicio oral en junio. Sin embargo, el gobernador Leandro Zdero la promovió de comisario inspector a comisario mayor, en violación directa del reglamento de promociones policiales.
El gobernador del Chaco, Leandro Zdero, ascendió a una oficial de policía imputada por encubrimiento agravado y detención ilegal, quien en pocos meses deberá enfrentar un juicio oral junto a otros nueve policías por un brutal ataque contra jóvenes Qom en Fontana. La decisión del gobernador viola expresamente el Reglamento del Régimen de Promociones Policiales, que prohíbe ascender a personal sometido a proceso judicial.
Se trata de Claudia Beatriz Lucena. El 31 de mayo de 2020, durante la pandemia de coronavirus, efectivos de esa dependencia irrumpieron sin orden judicial en una vivienda del barrio Banderas Argentinas y golpearon brutalmente a un grupo de jóvenes de la comunidad Qom. Las víctimas fueron luego trasladadas a la comisaría, donde permanecieron detenidas por más de diez horas y donde continuaron siendo agredidas. Al momento de los hechos, Lucena se desempeñaba como jefa de la Comisaría Tercera de Fontana.
La imputación contra la oficial apunta a dos omisiones graves: no haber puesto a disposición del Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia a una adolescente de 16 años que fue detenida en el operativo, y no haber denunciado las vejaciones que, de acuerdo a testigos y a las cámaras de seguridad de la comisaría, presenció dentro de su propia unidad.
Los cargos son encubrimiento agravado en concurso real con detención ilegal cometida por funcionario público. La pena en expectativa oscila entre dos y doce años de prisión, más inhabilitación especial por el doble del tiempo de condena.
Hace casi cinco años que Lucena está vinculada a la causa: fue imputada en septiembre de 2021 por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, y el expediente fue elevado a juicio oral en abril de 2022 por la jueza de Garantías N° 3 de Resistencia, Rosalía Zózzoli. En la actualidad, ocupa un cargo de máxima jerarquía dentro de la fuerza, al desempeñarse como Directora General de Seguridad Rural y Ambiental de la Policía del Chaco.
Cuatro años
Pese a estar lista para debate desde 2022, la causa permaneció paralizada durante cuatro años en la Cámara Segunda en lo Criminal, sin que la jueza Dolly Fernández fijara fecha de inicio. Esta semana, finalmente, lo hizo.
El juicio oral y público se realizará los días 23, 24, 25 y 30 de junio, y 1, 2, 7 y 8 de julio. Antes, el 19 de mayo se celebrará una audiencia preliminar en la que las partes definirán cuestiones procesales.
Además de Lucena, llegarán al banquillo otros nueve efectivos: Antonio Andrés Fernández, Cristian Omar Benítez, César Matías Torres, Diego Adrián Latorre, Sofía Daiana González, Cristian Ariel Flores, Cristian Eduardo Foschiatti, Orlando Sergio Martín Cabrera y Sebastián Alberto Vallejos. Todos continúan en funciones en la Policía del Chaco. Los cargos que pesan sobre el grupo incluyen allanamiento ilegal, vejaciones agravadas, detención ilegal y falsedad ideológica.
A pesar del proceso judicial en curso, el gobierno provincial decidió promover a Lucena. Según información, mediante el decreto N° 974/25, firmado el 13 de junio de 2025, Zdero la ascendió de comisario inspector a comisario mayor. El decreto establece que la medida tendrá vigencia retroactiva al 1 de enero de ese año. Lleva también las firmas del ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, y de la entonces secretaria General de la Gobernación, Carolina Meiriño.
En sus fundamentos, el instrumento sostiene que la Jefatura de Policía —a cargo de Fernando Romero— propuso la promoción porque la oficial reunía la antigüedad y los requisitos de la Ley N° 178-J; del Decreto N° 1270/64 – Reglamento del Régimen de Promociones Policiales y dicha propuesta también estaba avalada por distintas áreas gubernamentales, entre las que se encuentra la Asesoría Letrada de la propia policía provincial.
Sin embargo, la medida entra en abierta contradicción con la normativa vigente para estos casos. El reglamento que rige las promociones policiales es claro al establecer las prohibiciones para acceder a este beneficio, e incluye expresamente a aquellos efectivos que se encuentran sometidos a un proceso judicial en curso.
El Decreto N° 1270/64, en su artículo 26, establece que no pueden ser ascendidos los agentes que se encuentren procesados en causas penales, incluso si gozan de excarcelación. En la misma línea, el artículo 27 extiende la prohibición a quienes estén imputados o sometidos a investigación judicial, hasta tanto se dicte una resolución favorable como falta de mérito, sobreseimiento o absolución. Está claro: ninguna de esas condiciones se cumple en el caso de Lucena.
Los hechos
El operativo del 31 de mayo de 2020 se convirtió en uno de los casos de violencia policial más resonantes de los últimos años en la provincia. Las imágenes del violento allanamiento se viralizaron rápidamente y generaron repudio a nivel nacional. El entonces presidente Alberto Fernández calificó las escenas como “inaceptables” y celebró que el gobierno provincial apartara preventivamente a los efectivos involucrados.
Las víctimas relataron haber recibido golpes de puño, patadas y culatazos, acompañados de insultos racistas. “Indios de mierda, los vamos a matar”, les gritaron los policías, según sus testimonios. El operativo habría comenzado tras un supuesto ataque con piedras a la comisaría, hecho que nunca pudo ser acreditado.
“Tenía miedo, no sabía adónde me estaban llevando ni si iba a volver a ver a mi mamá y a mis hermanos”, relató una de las jóvenes detenidas. “Nos sacaron y nos estuvieron paseando en la camioneta. Tuve miedo de que nos maten, que nos tiren por ahí como pasó en otros casos”, contó otro de los jóvenes.
La causa llega a juicio con los cargos de vejaciones agravadas, no de torturas, pese al pedido de las querellas institucionales representadas por el Comité para la Prevención de la Tortura, la ex Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, la Defensoría Oficial y Amnistía Internacional —que participa como amicus curiae— para que se aplicara esa calificación más grave.
La jueza Zózzoli rechazó el cambio al considerar que la evidencia no acreditaba “una brutal o severa golpiza de inusitada crueldad”. Ratificó el delito imputado de vejaciones agravadas afirmando que “ejercieron dolosamente actos violentos, humillantes y discriminatorios contra las víctimas”. Sin embargo, fue clara al expresar su “profundo rechazo” hacia “estos hechos despreciables”.
Con todo, se da una llamativa coincidencia: quien propuso el ascenso de Lucena es Fernando Romero, actual jefe de la Policía del Chaco, que también ocupaba ese cargo cuando ocurrieron los hechos. En aquella ocasión, lejos de condenar lo sucedido, salió a respaldar públicamente a los implicados; tanto que llegó a renunciar en protesta por la separación preventiva de los acusados que habían exigido la entonces ministra de Seguridad, Gloria Zalazar, y el exgobernador Jorge Capitanich. Una trayectoria, cuanto menos, coherente.
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