Concejales justicialistas de Presidencia Roque Sáenz Peña y el diputado provincial Santiago Pérez Pons, denunciaron penalmente al intendente de Sáenz Peña, Bruno Cipolini, y funcionarios de su gestión por presuntas irregularidades en la inversión de fondos del Municipio en operaciones financieras de alto riesgo en la Bolsa de Comercio del Chaco. PORTAL CORZUELA accedió a detalles de la denuncia radicada en la Fiscalía Nº 3 de la ciudad termal.
En una presentación judicial que sacude el escenario político chaqueño, concejales del Municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña, Leonardo Arrudí, Fernando Tévez y Daiana Pereyra, junto al diputado provincial Santiago Agustín Pérez Pons, formalizaron una denuncia penal contra el intendente Bruno Luis Cipolini, la secretaria de Economía Alejandra María Quintana y el secretario de Gobierno Diego Landrisina.
La acusación, radicada ante la Fiscalía Nº 3 de Sáenz Peña, apunta a los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con la función pública, en el marco de un escándalo financiero que comprometería fondos municipales por aproximadamente $2.500 millones invertidos en la Bolsa de Comercio del Chaco.
Inversiones de alto riesgo sin respaldo legal
Según el extenso documento al que tuvo acceso este medio, el municipio habría destinado recursos públicos a instrumentos financieros no garantizados en el Mercado Argentino de Valores (MAV), específicamente cheques de pago diferido emitidos por una empresa privada que actualmente enfrentaría problemas de liquidez y habría incumplido sus obligaciones.
La denuncia sostiene que estas operaciones se realizaron sin previsión presupuestaria específica, sin acto administrativo formal que las autorice y sin participación del Concejo Deliberante, órgano que ejerce el control político sobre el Ejecutivo municipal.
“En ninguno de los dos ejercicios se verifica la existencia de excedentes financieros, superávit operativo ni disponibilidades libres, reconociendo de esta manera el propio Municipio la insuficiencia de sus recursos para atender sus obligaciones ordinarias”, señala el texto, que analiza las ordenanzas presupuestarias N° 9263/2025 y N° 9406/2026.
Ambos presupuestos fueron aprobados con déficit primario y financiero, previendo expresamente la utilización de endeudamiento. La presentación cuestiona: “La aparición de fondos para inversiones bursátiles es cuanto menos contradictoria”.
El rol de los funcionarios
Los denunciantes apuntan directamente al intendente Cipolini como máxima autoridad política y administrativa, y a los secretarios Quintana y Landrisina por su intervención funcional en la gestión presupuestaria y contable, así como en la adopción y ejecución de la operatoria financiera cuestionada.
La denuncia menciona que las decisiones respecto a la colocación de fondos estatales “habrían sido adoptadas únicamente por el Intendente y los funcionarios del área económico-financiera, quienes debían tener conocimiento del carácter, naturaleza, riesgos y el potencial impacto que las mismas podían generar sobre el patrimonio municipal”.
Un perjuicio millonario
El documento hace referencia a información periodística que indica que la operatoria global registra a la fecha un daño económico cercano a los $3.000 millones derivado de cheques rechazados e incumplimientos, aunque advierte que el menoscabo final podría ascender a cifras significativamente mayores, cercanas a $12.000 millones en caso de confirmarse la incobrabilidad total de los instrumentos involucrados.
La Bolsa de Comercio del Chaco emitió un comunicado institucional aclarando que intervino en carácter de Agente de Liquidación y Compensación Integral (ALyC) bajo matrícula de la Comisión Nacional de Valores, y que las operaciones se realizaron en segmentos no garantizados del MAV, donde los inversores asumen directamente el riesgo crediticio.
Sin embargo, los denunciantes sostienen que tratándose de fondos públicos —con origen en cuentas oficiales del municipio— el Estado no puede asumir ese tipo de riesgos sin autorización legal expresa.
Pruebas y pedidos al fiscal
Los denunciantes acompañaron como prueba las ordenanzas presupuestarias 2025 y 2026, copias de pedidos de informe al Tribunal de Cuentas de la Provincia del Chaco, y solicitudes de acceso a la información pública presentadas ante la Municipalidad.
Además, solicitaron el secuestro inmediato de documentación vinculada a operaciones financieras del municipio entre 2023 y 2026, y requirieron que se libre oficio a diversas instituciones:
-A la Bolsa de Comercio del Chaco para que informe sobre las operatorias realizadas por o para el municipio.
-Al Nuevo Banco del Chaco para que reporte movimientos de cuentas oficiales y transferencias hacia la Bolsa.
-Al Concejo Deliberante para conocer si existió autorización o conocimiento de las inversiones.
-A la Secretaría de Economía municipal para que detalle el origen de los fondos, los montos comprometidos y el respaldo legal de las operaciones.
-Al Tribunal de Cuentas para que remita balances e informes de auditoría.
Tipificación penal
La denuncia encuadra la conducta en tres figuras del Código Penal:
-Artículo 248 (Incumplimiento de los deberes de funcionario público): por haber prescindido de exigencias presupuestarias y del control del Concejo Deliberante.
-Artículo 260 (Malversación de caudales públicos): por dar a los fondos un destino distinto del legalmente previsto, sin necesidad de acreditar beneficio personal.
-Artículo 261 (Sustracción de caudales públicos): que no se descarta en caso de que la investigación revele un apartamiento definitivo de los recursos del patrimonio municipal.
“La pérdida efectiva del capital descarta que se trate de un mero error de gestión o de un riesgo abstracto, configurando un daño patrimonial concreto al erario público”, enfatiza la presentación.
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