Sin novedades en las causas penales por las denuncias de pérdidas millonarias en la administración de fondos municipales, el intendente de Sáenz Peña, Bruno Cipolini, logró que un juez local dicte una orden de embargo preventivo contra la Bolsa de Comercio del Chaco por casi 2 mil millones de pesos para que se le restituyan los fondos depositados en esa entidad. Un escándalo de ribetes institucionales que no para de escalar. Repudio opositor.
El titular del Juzgado Correccional Nº 2 de Sáenz Peña, Carlos Augusto De Césare, hizo lugar a una medida cautelar y ordenó un embargo preventivo cercano a los 2 mil millones de pesos contra la Bolsa de Comercio del Chaco. Es en el marco de una acción de amparo impulsada por la gestión del intendente de Sáenz Peña, Bruno Cipolini, contra la entidad financiera con la que se desató una verdadera guerra de acusaciones cruzadas como consecuencia de las millonarias pérdidas de fondos municipales en inversiones no garantizadas.
Lo curioso es que el magistrado haya tomado intervención en el caso cuando es de público conocimiento que existen al menos otras tres denuncias en distintas fiscalías provinciales y en la federal: una del diputado provincial Santiago Pérez Pons y concejales del Partido Justicialista de Sáenz Peña contra el Municipio de Sáenz Peña; otra de la Bolsa de Comercio ante una fiscalía de Resistencia, y otra de un socio de la Bolsa de Comercio contra la misma entidad ante la Fiscalía Federal, a cargo del fiscal Patricio Sabadini.
En el fallo, el magistrado consideró acreditada, en esta instancia preliminar, la verosimilitud del derecho reclamado por el Municipio. En ese sentido subrayó que los fondos en disputa son recursos públicos municipales —no dinero privado— y que, por esa razón, corresponde resguardarlos mientras se analiza el fondo del conflicto. La decisión no implica una sentencia definitiva, pero habilita el embargo como resguardo preventivo ante el riesgo de que se frustre el recupero del dinero.
Según se pudo corroborar, el juez De Césare se encuentra inscripto en el concurso para juez de la Cámara Primera en lo Criminal de Presidencia Roque Sáenz Peña. Desde tribunales especulan que su intervención en este caso subiría sus acciones en caso de llegar a las instancias finales, teniendo en cuenta la gravitación que tiene el Colegio de Abogados de Sáenz Peña en las decisiones del Consejo de la Magistratura del Chaco. Recientemente, esa entidad logró hacer caer un concurso para fiscales porque ninguno de los candidatos eran afines al gobierno municipal.
El Municipio insiste en que no autorizó las operaciones
La demanda municipal sostiene que la Bolsa de Comercio del Chaco, en su carácter de Agente de Liquidación y Compensación inscripto ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), invirtió fondos públicos en el segmento No Garantizado (NOGA) del Mercado Argentino de Valores (MAV) “sin contar con instrucción ni autorización expresa del Municipio”. Según la presentación, la cuenta operaba bajo el perfil “Inversor Conservador” y no existía instrucción formal para operar en el segmento No Garantizado (NOGA) del Mercado Argentino de Valores.
Como consecuencia de estas irregularidades, el Municipio afirma no haber podido cobrar cheques de pago diferido adquiridos en ese segmento, lo que habría generado un perjuicio económico de magnitud millonaria.
Para conceder la cautelar, el juez tuvo en cuenta tres elementos centrales: la verosimilitud del derecho, es decir, la existencia prima facie del reclamo; el peligro en la demora, ante el riesgo concreto de que el dinero se torne irrecuperable; y la exención de contracautela por tratarse del Estado municipal. Los montos embargados ascienden a $1.350.493.646,48 en concepto de capital y $540.197.458,59 en intereses y costas, sumando un total de $1.890.691.105,07.
Junto con el embargo, se ordenó notificar la medida a las entidades financieras a través del Banco Central de la República Argentina, con el fin de inmovilizar eventuales fondos y transferirlos a una cuenta judicial.
“Ningún circo judicial reemplaza la responsabilidad penal”
Anoche, el diputado Pérez Pons había advertido a través de sus redes sociales sobre la posibilidad de que se concretara esta maniobra por parte del Municipio de Sáenz Peña, ante la pasividad de los funcionarios judiciales que deberían investigar y determinar si realmente hay responsabilidad del intendente y de su secretario de Gobierno, Diego Landriscina, en la pérdida de alrededor de 1500 millones de pesos de las arcas municipales por invertir sin autorización en instrumentos de alto riesgo financiero.
En su posteo, el diputado aseguró que “necesitamos que el dinero vuelva totalmente, pero no vamos a dejar que les sigan mintiendo a los vecinos con estas maniobras judiciales y operaciones comunicacionales que solo buscan encubrir una pérdida millonaria”.
“Los vecinos deben saber la verdad: ningún amparo borra una mala administración, ninguna cautelar devuelve el dinero perdido, ningún circo judicial reemplaza la responsabilidad penal”, concluyó.
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