Hace instantes, a través de sus redes sociales, el gobernador del Chaco Jorge Capitanich informó a la población de la provincia las decisiones tomadas en relación al fallecimiento de Josué Florentín Lagos, el joven indígena fallecido ayer en General San Martín.
El gobernador decidió apartar a las autoridades de la Policía del Chaco de la zona y comunicó las medidas adoptadas por la justicia provincial.
Detalló que autoridades del Gobierno provincial tomaron contacto directo con los familiares de la víctima para poner a disposición todas las herramientas del Estado “para garantizar la transparencia y cumplimiento de todos los protocolos en la investigación del hecho”.
“Un episodio de violencia es inadmisible. Una muerte no sólo es repudiable sino inexplicable. No podemos ni debemos admitir en la policía de la provincia un integrante que cometa semejante acto de barbarie”, aseguró el mandatario provincial.
Sobre las medidas disciplinarias, Capitanich aseguró que “la exoneración debe ser automática y la aplicación del Código Penal debe ser riguroso”.
“Una vida no puede recuperarse, pero la justicia debe reparar este acto siniestro”, dijo. Agregó que “no puede y no debe haber en nuestras fuerzas de seguridad un miembro que admita siquiera la posibilidad de utilizar un arma para matar a otro hermano”.
“La policía es un agente auxiliar de la justicia. Un agente que como cualquier funcionario público es un servidor y en el cumplimiento de sus funciones debe garantizar la seguridad de todos y todas”, mencionó.
Remarcó que “la diferencia entre un policía y cualquier otro agente no es solo portación de un arma, sino contar con conocimientos y entrenamientos especiales para intervenir y manejar estas situaciones, por lo que se espera su accionar siempre sea superior al accionar de un ciudadano común; a mayores conocimientos especiales, mayor responsabilidad”.
Aseguró que “los valores que debemos defender son precisamente la vida, la libertad, el patrimonio y el honor; y si defendemos la vida, no podemos provocar la muerte”.
Ante esta situación Capitanich enumeró las decisiones adoptadas:
a) Separación inmediata del Director de Zona y Supervisores de la Dirección Regional de la localidad.
b) Detención de 5 agentes dispuesto por la Fiscalía de Derechos Humanos de Sáenz Peña.
c) Designación de un interventor de la Dirección Regional.
d) Constitución del Estado como querellante particular de la causa.
e) Supervisión por parte del Comité de Prevención de la Tortura y Secretaría de Derechos Humanos y Géneros nacional y provincial.
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