Un hombre y su hija iniciaron una demanda laboral contra la Fundación Ciudad Limpia y su presidente, Carlos Alabe, a quien atribuyen haberlos contratado sin registración y pagado salarios por debajo de los valores de convenio. Reclaman indemnizaciones, diferencias salariales y otros conceptos por más de $41 millones. Alabe fue candidato a intendente de Resistencia por La Libertad Avanza del Chaco en 2023.
Una demanda laboral presentada contra la Fundación Ciudad Limpia y su presidente, Carlos Enrique Alabe, expone presuntas irregularidades en la contratación de dos trabajadores que se desempeñaban en la denominada Casa Garrahan de Resistencia. Los demandantes, un hombre de 59 años y su hija, sostienen que trabajaron durante varios años sin registración laboral, cobraron salarios por debajo de las escalas del convenio colectivo y fueron desvinculados sin recibir las indemnizaciones correspondientes.
Según se pudo saber, la acción judicial reclama poco más de $41,5 millones discriminados en casi $20 millones para Rubén Arévalo y poco más de $21 millones para Ileana Daniela Arévalo. El expediente se encuentra en trámite y está radicado en el Juzgado Laboral 2 de Resistencia.
La demanda fue promovida contra la Fundación Ciudad Limpia y Carlos Alabe, en su carácter de presidente de la entidad. El escrito solicita que ambos sean condenados solidariamente al pago de las indemnizaciones por despido indirecto, preaviso, integración del mes de despido, diferencias salariales, aguinaldos y vacaciones proporcionales, entre otros conceptos. También reclama la entrega de las certificaciones laborales y previsionales correspondientes.
Cinco años
Según el relato incorporado a la demanda, Rubén Arévalo comenzó a trabajar el 1 de octubre de 2019, mientras que su hija Ileana ingresó el 20 de julio de 2020. Ambos habrían prestado servicios en el establecimiento ubicado en Capitán Giachino 1722, donde funciona la Fundación Ciudad Limpia, conocida como Casa Garrahan.
El hombre asegura que realizaba tareas de chofer, selección de materiales para reciclado y vigilancia del predio. Trabajaba de lunes a jueves de 14 a 20 y los viernes hasta las 18, mientras que por la mañana cumplía funciones como empleado municipal en Laguna Blanca. Por esas tareas, afirma que percibía $200.000 mensuales, en negro.
Su hija, en tanto, habría cumplido funciones de limpieza, cocina y tareas administrativas, de lunes a sábado, entre las 6 y las 14. De acuerdo con la demanda, cobraba $100.000 mensuales, también completamente en negro.
Los trabajadores sostienen que las órdenes e instrucciones eran impartidas por Alabe, quien además habría participado directamente en el pago de los salarios, algunas veces en efectivo y otras mediante transferencias bancarias realizadas por una secretaria de la Fundación.
La presentación señala que, pese a los reiterados reclamos para regularizar la situación laboral y mejorar los ingresos, nunca consiguieron que se reconocieran formalmente sus vínculos de trabajo. También denuncian que esa situación les impidió acceder a obra social, cobertura de riesgos del trabajo y aportes previsionales.
Telegramas y despidos indirectos
De acuerdo con la reconstrucción de los demandantes, el conflicto se profundizó durante los últimos meses de la relación laboral, cuando comenzaron a reclamar nuevamente la registración y el pago de salarios conforme a las escalas correspondientes.
“En los últimos tiempos de la relación el clima laboral no era el mejor dado que los actores y sus demás compañeros que estaban en idénticas o similares situaciones, nunca dejaron de solicitar su registración y el pago de salarios de convenio o, al menos una mejora en los magros ingresos que percibían, todo lo cual, produjo un desgaste de la relación del señor Rubén Arévalo y la señora Ileana Arévalo con el señor Alabe, lo que se traducía en malos tratos, gritos y reproches constantes”, reseña la demanda.
En ese contexto, la demanda sostiene que Alabe convocó a una reunión con los trabajadores y les comunicó verbalmente que no habría más tareas por el momento, por lo que debían retirarse del establecimiento y esperar una nueva convocatoria.
“Alabe, empleador de ambos y quien siempre dio las ordenes de labor a mis mandantes, llamo a participar de una reunión a todos los empleados y de forma verbal despide a mis mandantes en forma encubierta, alegando que por el momento no habría más trabajo, exigiendo muy exaltado que se retirasen del lugar y que no regresaran hasta que Él no los vuelva a convocar. Todo esto sin abonarle sus paupérrimos haberes ni indemnización alguna”, sostiene la presentación.
Frente a esa situación, Rubén Arévalo envió telegramas laborales el 25 de julio de 2024, mientras que su hija realizó las intimaciones el 9 de agosto de ese año. En ambos casos reclamaron el reconocimiento de la relación laboral y su correspondiente registración.
Sin embargo, según consta en el expediente, Alabe respondió mediante una carta documento del 15 de agosto de 2024, en la que negó y rechazó la existencia de los vínculos laborales denunciados.
Ante esa negativa, ambos trabajadores se consideraron despedidos indirectamente. Rubén formalizó esa decisión el 9 de agosto de 2024 e Ileana hizo lo propio el 3 de septiembre del mismo año.
El reclamo
Para calcular las indemnizaciones, los demandantes invocaron el Convenio Colectivo de Trabajo 804/23 de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), con encuadramiento en la categoría Maestranza A.
La presentación sostiene que, al momento de la desvinculación, los salarios de convenio debían ser de poco más de $1.110.000 para Rubén Arévalo y de $1.155.000 para Ileana Arévalo, cifras muy superiores a las remuneraciones que aseguran haber percibido.
Sobre esa base, reclamaron indemnizaciones por antigüedad, falta de preaviso, integración del mes de despido, salarios adeudados, aguinaldos, vacaciones no gozadas y diferencias de haberes. También incluyeron los conceptos indemnizatorios vinculados con la falta de entrega de certificados laborales.
Entre las pruebas ofrecidas figuran telegramas, cartas documento, fotografías de los trabajadores en el establecimiento, capturas de conversaciones con Alabe, testimonios y pedidos de informes al Nuevo Banco del Chaco para acreditar las transferencias bancarias que, según afirman, recibían como pago por sus tareas.
Antecedente político
Conocido por su labor social en fundaciones como Ciudad Limpia, Padres en la Ruta y la Casa Garrahan Chaco, Carlos también incursionó en política. Su última participación fue en 2023 como candidato a intendente de Resistencia por La Libertad Avanza del Chaco.
Alabe quedó lejos de obtener la intendencia: obtuvo el cuarto lugar en los comicios generales, logrando 10.665 votos (lo que representó el 6,47% del total de los sufragios), en una elección en la que resultó ganador el radical Roy Nikisch.
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