La Cámara de Diputados del Chaco aprobó este miércoles la interpelación de la administradora general de la Administración Tributaria Provincial (ATP), Bibiana Massiel Kuncheff. Deberá presentarse el 28 de octubre, a las 13, en el recinto legislativo, para responder sobre la eventual contratación de una consultoría integral por más de $30.000 millones y su posible vinculación con un diagnóstico previo que habría costado unos $1.800 millones. La oposición busca esclarecer qué recibió el Estado por esa primera contratación, cómo se elaboró el nuevo concurso de precios y qué garantías se adoptaron para resguardar los datos fiscales de los contribuyentes.
La polémica por la multimillonaria consultoría para la Administración Tributaria Provincial (ATP) sumó este miércoles un nuevo capítulo institucional: la Cámara de Diputados del Chaco aprobó la interpelación de su administradora general, Bibiana Massiel Kuncheff, quien deberá concurrir al recinto el próximo 28 de octubre, a las 13, para dar explicaciones sobre una secuencia de contrataciones que compromete recursos públicos por decenas de miles de millones de pesos.
La convocatoria se originó en el Proyecto de Resolución 2325/2026, presentado por 14 diputados de la oposición, que busca reconstruir cómo se contrató un primer diagnóstico sobre los sistemas y procesos del organismo tributario, qué productos recibió el Estado y si ese trabajo fue utilizado como insumo para elaborar el concurso público actualmente en marcha, con una duración prevista de 48 meses.
El interrogante central es la relación entre una primera contratación, que habría representado unos $1.800 millones, y una segunda convocatoria para una consultoría integral en sistemas y procesos tributarios, inteligencia de negocios e integración catastral y tributaria, cuyo presupuesto supera los $30.000 millones.
La iniciativa no da por probada la existencia de irregularidades, pero reclama documentación y explicaciones para determinar cómo se pasó de una etapa de diagnóstico a otra de intervención integral, qué empresas participaron en cada instancia y qué mecanismos se adoptaron para evitar eventuales ventajas competitivas.
El proyecto fue firmado por los diputados Santiago Pérez Pons, Nicolás Slimel, Tere Cubells, Sebastián Benítez Molas, Katia Blanc, María Pía Chiacchio Cavana, María Luisa Chomiak, Analía Inés Flores, Rubén Omar Guillón, Atlanto Honcheruk, Elda Insaurralde, Luciano Graciano Moser, Lucas Damián Nass y Rodolfo Schwartz.
Los $1.800 millones y el nuevo concurso
Según los fundamentos del proyecto, a fines de 2025 el Sindicato de Empleados de Rentas de la Provincia del Chaco (SiEmpRe) comenzó a solicitar información sobre la participación de empresas privadas en procesos vinculados con sistemas informáticos, gestión tributaria, cobranzas y modernización de la ATP.
El 30 de diciembre de ese año, el sindicato presentó un requerimiento formal para conocer la existencia de convenios, las empresas intervinientes, las condiciones de contratación y el eventual acceso de terceros a información y sistemas tributarios.
El 9 de marzo de 2026, la ATP reconoció la existencia de un convenio destinado a realizar un relevamiento integral de sus sistemas y procesos, con el objetivo de identificar brechas tecnológicas, funcionales y de gestión.
Posteriormente, distintas actuaciones administrativas permitieron dimensionar el costo de esa contratación. Una de ellas registra una orden de pago por $629 millones a favor de ECOM Chaco S.A., correspondiente a la primera de tres cuotas. La oposición sostiene que el monto total habría rondado los $1.800 millones.
Por eso, uno de los principales puntos que deberá explicar Kuncheff es qué recibió concretamente el Estado a cambio de ese desembolso. Los legisladores reclaman los informes, diagnósticos, relevamientos, recomendaciones, bases de datos y demás documentos producidos en el marco de aquella contratación.
El segundo tramo de la investigación parlamentaria se vincula con el Concurso Público N.º 01/2026, cuya apertura realizó Fiduciaria del Norte S.A. el 31 de agosto pasado. La convocatoria apunta a contratar durante cuatro años una consultoría integral para intervenir sobre los sistemas y procesos tributarios de la provincia, con un costo superior a los $30.000 millones.
La oposición busca determinar si el diagnóstico anterior fue utilizado para establecer las condiciones técnicas del nuevo pliego y si alguna de las empresas que participaron de ese trabajo intervino también en el concurso posterior.
Entre las firmas que los legisladores pretenden examinar se encuentra ATS Sistemas y Gestión S.A., cuya eventual participación en ambas etapas consideran necesario esclarecer. El planteo también apunta a establecer si la administración evaluó posibles vinculaciones entre los oferentes y adoptó medidas para evitar ventajas competitivas.
ECOM, las empresas privadas y el secreto fiscal
Otro de los ejes de la interpelación es el papel de ECOM Chaco S.A. en la primera contratación. Los diputados reclaman conocer el instrumento jurídico que habilitó la operación, su objeto, el monto, las condiciones y la normativa utilizada para canalizar esos servicios.
También solicitan identificar a las empresas privadas que habrían ejecutado las tareas, sus autoridades, accionistas, representantes y beneficiarios finales.
En relación con el nuevo concurso, la iniciativa apunta a reconstruir el circuito administrativo y financiero: quién solicitó la contratación, qué actos administrativos la autorizaron, qué organismo afrontará el costo y por qué se eligió el mecanismo instrumentado a través de Fiduciaria del Norte S.A. y el Fideicomiso de Compras y Contrataciones Estratégicas de la Administración Pública.
La protección de los datos tributarios constituye otro punto sensible. Los legisladores pretenden conocer qué medidas se adoptaron para resguardar el secreto fiscal, la confidencialidad de las bases de datos y la seguridad informática, así como quién autorizó eventuales accesos de empresas externas a los sistemas internos de la ATP.
También reclaman precisiones sobre los dictámenes jurídicos, técnicos y de seguridad emitidos antes de habilitar esas intervenciones y los mecanismos de control y trazabilidad implementados.
Una explicación pendiente
Con la aprobación de la interpelación, la Cámara de Diputados habilitó una instancia de control político para que la titular de la ATP responda sobre las contrataciones cuestionadas y aporte documentación que permita reconstruir las decisiones administrativas.
El planteo opositor sostiene que la discusión no puede agotarse en los montos involucrados. También resulta necesario determinar qué prestaciones se contrataron en cada etapa, qué resultados obtuvo la administración y si existió superposición entre el diagnóstico inicial y la consultoría plurianual.
La comparecencia de Kuncheff quedó fijada para el miércoles 28 de octubre, a las 13, en el recinto de la Legislatura chaqueña. Allí deberá responder sobre una contratación que pone bajo la lupa el costo de la modernización tributaria, la participación de empresas privadas y las garantías de protección de la información fiscal de los contribuyentes.
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