ATS Sistemas y Gestión SA fue adjudicada por Fiduciaria del Norte para ejecutar una consultoría de 48 meses sobre el organismo recaudador. La firma había participado del diagnóstico previo, contratado por $1.887 millones a través de ECOM Chaco, que sirvió de base para diseñar el concurso. El proceso también fue impugnado por una empresa correntina que denunció plazos exiguos y restricciones a la competencia. Entre los antiguos directivos de la adjudicataria figura Stefano Di Carlo, actual presidente de River Plate, quien también tiene vínculos con otra empresa que se presentó al mismo concurso de precios.
La empresa que diagnosticó qué necesitaba la Administración Tributaria Provincial (ATP) para modernizarse terminó quedándose con el negocio de llevar adelante esa transformación. ATS Sistemas y Gestión SA fue adjudicada en el Concurso Público N° 01/2026, convocado por Fiduciaria del Norte, para ejecutar una consultoría integral sobre el organismo recaudador chaqueño durante los próximos cuatro años, por más de $31.000 millones.
La adjudicación fue informada esta semana en el sitio web oficial de Fiduciaria del Norte, donde se identificó a ATS Sistemas y Gestión SA como proveedora seleccionada. Se trata de la misma firma que intervino en el diagnóstico previo de la ATP, contratado a través de ECOM Chaco por una operatoria global de $1.887 millones y que estableció las necesidades y propuestas que luego sirvieron de base para elaborar el pliego del concurso que finalmente ganó.
Según los antecedentes del procedimiento, ATS había presentado una oferta de $31.521 millones por los 48 meses de prestación. La contratación comprende mucho más que una actualización informática: incluye la reingeniería de procedimientos administrativos, el desarrollo de herramientas de inteligencia fiscal, la integración de información tributaria y catastral, el diseño de un programa de revalúo inmobiliario rural y la elaboración de propuestas para un nuevo esquema del Impuesto Inmobiliario.
Ataque informático
Para conocer la génesis de este polémico proceso hay que remontarse a inicios de 2025. Según informó la administradora general de la ATP, Bibiana Massiel Kuncheff, (tanto en el ámbito judicial como ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas) el organismo de recaudación fue atacado por hackers debido a que sus sistemas estaban viejos. Dijo que la ATP atravesó “incidentes de seguridad informática” y, paralelamente, distintas áreas —incluidas direcciones generales, direcciones y jefaturas— formularon reiterados requerimientos y reclamos por la “insuficiencia y obsolescencia de la infraestructura digital disponible”.
A partir de ese escenario, la ATP requirió la intervención de ECOM Chaco SA, en su carácter de empresa tecnológica de la provincia, para colaborar en la identificación, articulación y eventual implementación de “soluciones integrales”. En diciembre de 2025 se suscribieron contratos con ECOM, Pogua Sistemas SA y ATS Sistemas y Gestión SA, para realizar ese trabajo: un diagnóstico especializado que daría las líneas generales para proceder a solucionar los problemas detectados.
Por aquella primera etapa, ATS tuvo asignados $747 millones para analizar los sistemas y procesos tributarios, mientras que Pogua recibió $1.089 millones para relevar la infraestructura tecnológica y la seguridad de la información. ECOM, por su parte, tenía prevista una retribución de $51 millones por tareas de coordinación y supervisión. Fue en base a ese “diagnóstico”, justamente, que Fiduciaria del Norte llamó al cuestionado concurso.
Convocatoria, sobres y polémica
La convocatoria al concurso de precios se realizó el pasado 25 de agosto, a través de la Fiduciaria del Norte. El pliego informó que se buscaba contratar una “Consultoría Integral en Sistemas y Procesos Tributarios, Business Intelligence e Integración Catastro-Tributaria” para la ATP. Seis días después, sus autoridades, con la presencia del presidente Gerardo Santos Oliveira, realizaron la apertura de sobres.
Tres empresas presentaron ofertas. Pogua Sistemas S.A., representada por Cristian Arlau, cotizó $687 millones mensuales ($32.976 millones en total). ATTI S.A., representada por Cristian Negri, ofertó $31.340 millones por la totalidad del contrato de 48 meses. Y ATS Sistemas y Gestión S.A., representada por Sergio Kalos, cotizó $31.521 millones por el total de la contratación.
Una situación llamativa es la que ocurrió con una cuarta empresa. Karstec SA —del grupo correntino encabezado por los hermanos Karsten— presentó una impugnación contra el concurso y denunció que Fiduciaria del Norte le otorgó un plazo irrazonable para preparar una propuesta técnica y económica acorde con la complejidad de la contratación.
Según la presentación Karstec sostuvo que el lapso entre la convocatoria y la apertura de sobres fue de apenas tres días hábiles reales, tiempo extremadamente exiguo para elaborar una oferta destinada a un servicio que contempla diez ejes de trabajo y una ejecución de cuatro años.
La firma correntina cuestionó además que Fiduciaria rechazara dos pedidos de prórroga. El primero fue presentado el 26 de agosto y el segundo, al día siguiente, cuando sus representantes intentaron retirar el pliego y realizar consultas técnicas, pero encontraron cerradas las oficinas de la Fiduciaria por el asueto administrativo dispuesto por la festividad de San Fernando Rey.
Karstec consideró que la negativa a extender los plazos afectó el principio de concurrencia y pudo haber limitado la participación de otras empresas. Sostuvo que una mayor competencia habría permitido obtener presupuestos más ajustados y solicitó una prórroga de diez días hábiles. También dejó planteada la posibilidad de recurrir a la Justicia.
Una contratación bajo la lupa
Todo el procedimiento, tanto de la contratación para las tareas de diagnóstico como el Concurso Público N° 01/2026, fue denunciada penalmente por legisladores del justicialismo Santiago Pérez Pons, Nicolás Slimel y Sebastián Benítez Molas.
La denuncia fue realizada el pasado 2 de septiembre ante la Unidad de Atención a la Víctima y a la Ciudadanía. Los legisladores solicitaron que se determine la eventual responsabilidad penal de la administradora general de la ATP, Bibiana Massiel Kuncheff; del ministro de Hacienda y Finanzas, Alejandro Abraam; y de todos los funcionarios o particulares que hubieran intervenido en la decisión, instrumentación, autorización, ejecución y pago de la contratación.
Según señalaron, la operatoria habría sido canalizada a través de ECOM Chaco S.A. y podría haber eludido los procedimientos ordinarios previstos para las contrataciones públicas. Plantearon también reparos sobre el alcance del pliego, los vínculos entre las empresas participantes y la posibilidad de que una consultora privada intervenga durante cuatro años en áreas estratégicas de la ATP. Entre otras cuestiones, solicitaron el secuestro urgente de expedientes, contratos, órdenes de pago, documentación informática y comunicaciones vinculadas con la operatoria.
Sin embargo, el Equipo Fiscal 13, a cargo de Víctor Osvaldo Recio, dispuso el archivo de las actuaciones al considerar que los hechos examinados no encuadraban en una figura penal. La decisión se conoció el 27 de octubre, horas antes de la interpelación legislativa a la administradora general de la ATP, Bibiana Massiel Kuncheff, que se iba a realizar al día siguiente, pero que se terminó frustrando por falta de quorum.
El archivo se fundamentó en que los hechos examinados “no encuadran en una figura penal”, de acuerdo con el artículo 343 del Código Procesal Penal del Chaco. Para el titular del Equipo Fiscal 13, la documentación reunida permitió reconstruir la contratación, identificar a las empresas prestadoras, verificar los pagos y constatar la existencia de informes y propuestas vinculados con los servicios contratados.
La resolución sostuvo que la contratación directa de ECOM encontraba sustento en el artículo 133, inciso a), de la Ley 1092-A, que contempla operaciones con organismos del sector público y empresas estatales o mixtas. Por esa razón, el fiscal consideró que la ausencia de una licitación convocada directamente por la ATP no permitía concluir, por sí sola, que se hubiera eludido un procedimiento obligatorio.
También valoró un informe técnico que describía las limitaciones de ECOM para desarrollar por sí sola todos los componentes requeridos, especialmente en inteligencia fiscal, análisis de procesos tributarios y ciberseguridad. Según ese documento, la incorporación de especialistas externos permitiría complementar las capacidades existentes y avanzar en los plazos requeridos.
Otro de los elementos considerados fue el ataque informático sufrido por la ATP entre el 28 de febrero y el 1 de marzo de 2025, que provocó el cifrado de archivos y afectó equipos y servidores. El informe forense incorporado a la causa había recomendado auditar la seguridad, actualizar la infraestructura y fortalecer los sistemas de respaldo.
Para la Fiscalía, estos antecedentes daban sustento a la necesidad de una evaluación tecnológica. Además, los informes de abril de 2026 contenían propuestas sobre sistemas y aplicaciones, inteligencia fiscal, integración catastral, procesos administrativos, infraestructura y seguridad informática.
La resolución también analizó las observaciones formuladas a las ofertas y las condiciones de participación de las empresas en el concurso de precios. Sin embargo, concluyó que los elementos reunidos no permitían acreditar una dirección común de las propuestas, un acuerdo para coordinar precios o restringir la competencia, ni la intervención de funcionarios en favor de intereses particulares.
En ese sentido, el fiscal consideró que la magnitud económica del concurso y su duración plurianual no demostraban por sí solas la existencia de un delito. Tampoco encontró elementos suficientes para sostener que se hubieran dispuesto recursos públicos en favor de particulares sin una causa contractual o que se hubiera asumido una obligación patrimonial abusiva.
También descartó que la documentación examinada acreditara una divulgación o utilización ilegítima de datos fiscales. Según el fallo fiscal, no se había identificado un dato concreto divulgado, una extracción determinada de información ni su utilización privada.
El vínculo con Di Carlo
Con el hecho consumado, hay un dato llamativo en esta historia que no puede obviarse. Un nombre que se repite tanto en la empresa adjudicada como una de las firmas que participó del concurso: Stefano Dante Cozza Di Carlo.
El actual presidente de River Plate integró ATS Sistemas y Gestión SA como director suplente, cargo que ocupó desde mayo de 2022 hasta junio de 2024. La firma, continuadora de una sociedad denominada Yield La SA, modificó su denominación y autoridades mediante una asamblea celebrada el 11 de mayo de 2022. En aquella oportunidad, Luis Daniel Posse y María Micaela Zapata dejaron sus cargos y fueron reemplazados por Sergio Alejandro Kalos como presidente y Di Carlo como director suplente.
La salida de Di Carlo se formalizó en la asamblea del 21 de junio de 2024. Desde entonces, Kalos quedó al frente de la compañía, mientras que Andrés Ballotta asumió la vicepresidencia y María Fernanda Ballotta pasó a desempeñarse como directora suplente.
El vínculo con la conducción del club de Núñez no termina allí: Andrés Ballotta es actualmente vicepresidente primero de River Plate. Además, estuvo durante ocho años al frente del organismo recaudador de la Ciudad de Buenos Aires, durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, hasta diciembre de 2023.
Di Carlo también estuvo vinculado con ATTI SA, otra de las empresas que participó del concurso chaqueño. El empresario dejó la presidencia de esa firma en febrero de 2024. Según la información institucional del Grupo IDIX, conglomerado que preside, ATTI integra sus unidades de negocios.
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