Juan Pablo Rafael Quintana, jefe del operativo que terminó con un hombre con problemas de salud mental brutalmente golpeado por dos policías en Villa Ángela, defendió lo realizado por los uniformados y aseguró que se aplicó “la fuerza mínima e indispensable”. La Fiscalía Adjunta de Derechos Humanos avanza con pericias, testimonios y nuevas medidas de prueba. Hay tres policías bajo investigación acusados de apremios ilegales.
“Uso de la fuerza mínima e indispensable”. Esa fue la explicación que dio Juan Pablo Quintana, a cargo del operativo realizado en Villa Ángela el pasado 1 de septiembre, donde un hombre con problemas de salud mental terminó reducido y brutalmente golpeado por efectivos de la Comisaría Segunda. La versión del jefe del procedimiento, que dista mucho de la brutalidad policial que se aprecia en los videos que se viralizaron ese mismo día, quedó incorporada a la causa por apremios ilegales donde hay tres efectivos de la policía del Chaco bajo investigación.
El aberrante episodio de violencia policial ocurrió en inmediaciones de calle Leopoldo Lugones y avenida Lorenzo Cobello. Las imágenes, difundidas inicialmente por el medio Gente de Pueblo, muestran la intervención de dos policías sobre un hombre que, según se informó, presenta problemas de salud mental.
En la secuencia se observa inicialmente a uno de los efectivos manteniendo al hombre detenido mientras permanece de pie. La persona se encontraba en una situación de evidente vulnerabilidad. Minutos después, el otro policía comienza a discutir con el hombre y, de manera repentina, le aplica un golpe en la zona del pecho. Ante la reacción de la persona, el primer efectivo interviene y realiza una maniobra para reducirla hasta llevarla al suelo.
Pero la situación no termina allí. Cuando el hombre ya se encontraba reducido e inmovilizado en el piso, el efectivo que previamente lo había golpeado vuelve a intervenir y le propina una patada en la cabeza con su borcego policial.
Las imágenes rápidamente se viralizaron y generaron una fuerte repercusión pública. A partir de su difusión, se activaron tanto los mecanismos de control interno de la Policía como la investigación penal.
La investigación se inició de oficio luego de que se viralizara un video en redes sociales y actualmente está a cargo de la Fiscalía Adjunta en lo Penal Especial en Derechos Humanos, conducida por la fiscal Silvia Slusar.
En el expediente están involucrados tres policías: el Oficial Subayudante Quintana, el Suboficial Principal Pedro Alejandro Pared y el Sargento Ayudante Germán Augusto Defagot.
La explicación de Quintana
Según se pudo saber, Quintana declaró en su informe que el procedimiento comenzó luego de que un trabajador de una estación de servicio ubicada en la zona solicitara la presencia policial debido al comportamiento del hombre.
De acuerdo a su versión, el hombre molestaba a clientes, escupía, orinaba en el playón, arrojaba objetos y exhibía sus genitales. Ante esa situación, los policías concurrieron al lugar y le solicitaron que se retirara.
El oficial sostuvo que el hombre hizo caso omiso y que incluso habría intentado arrojarse debajo de vehículos. Por ese motivo, los efectivos procedieron a reducirlo.
En su declaración, Quintana aseguró que la intervención se realizó con “uso de la fuerza mínimo e indispensable”, algo que contrasta abiertamente con los registros de las cámaras de seguridad aportadas por un vecino.
La persona fue trasladada posteriormente a Medicina Legal. En el informe médico realizado luego del procedimiento se consignó que “no presenta lesiones”, aunque también se dejó asentado que se encontraba “agresivo, poco colaborador” y que requería una interconsulta en Salud Mental. Después fue trasladado al hospital local. Debido a que en ese momento no había personal especializado en Salud Mental, terminó siendo entregado a un familiar.
Los videos
La investigación no se sustenta únicamente en las declaraciones de los policías y de las personas que estuvieron en las inmediaciones. La Fiscalía incorporó distintos registros audiovisuales que permiten reconstruir el procedimiento y ordenó un relevamiento de las cámaras existentes en la zona, un sondeo vecinal y la elaboración de un croquis del lugar. El Gabinete Científico Judicial realizó un informe técnico que incluyó fotografías, croquis y la ubicación de las cámaras de seguridad relevadas.
El expediente está caratulado “Inicia actuaciones de oficio s/ apremios ilegales” y tramita bajo el número 3462/2026-3. Tras la declaración de incompetencia de la Fiscalía de Investigación Penal 1 de Villa Ángela, Slusar se avocó al expediente y ordenó una serie de medidas para determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho.
Entre otras medidas, solicitó documentación médica a los hospitales 4 de Junio y Salvador Mazza, dispuso la intervención de un médico forense especializado en Salud Mental y ordenó la aplicación del Protocolo de Estambul.
También requirió a la Comisaría Segunda de Villa Ángela los libros de novedades y la identificación del personal que se encontraba de guardia el día del hecho.
En paralelo a la investigación penal, el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Policía del Chaco abrió un sumario administrativo para determinar si existió responsabilidad disciplinaria de los efectivos.
En ese marco, Pedro Alejandro Pared y Germán Augusto Defagot fueron suspendidos preventivamente de sus funciones, con retención de haberes, y se dispuso la entrega de sus armas y credenciales.
Por su parte, Juan Pablo Quintana, quien estaba a cargo del procedimiento, fue notificado del inicio de las actuaciones administrativas, de las disposiciones del artículo 51 del Código Penal y de las circulares internas vinculadas con el accionar policial. La situación administrativa de los tres policías se tramita de manera paralela a la investigación penal.
Abordaje
Otro de los ejes de la investigación es determinar si la intervención policial respetó los protocolos establecidos para actuar frente a personas con presunto padecimiento de salud mental.
El Órgano de Revisión de Salud Mental informó a la Fiscalía sobre la vigencia de la Ley Provincial 3381-G y del protocolo específico de intervención de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad frente a personas con presunto padecimiento mental y/o intoxicación por consumo problemático de sustancias. Ese protocolo fue aprobado mediante las Resoluciones 625, 917 y 0221.
El organismo solicitó además la intervención de la Defensoría Civil y del Ministerio de Salud, mientras que en la causa también intervienen la Defensoría Oficial 1, la Municipalidad de Villa Ángela y un equipo interdisciplinario.
Una de las personas que estaba vinculada al establecimiento desde donde se solicitó la presencia policial manifestó que el hombre se tornaba agresivo y pidió una intervención urgente de Salud Mental.
Sin embargo, al declarar posteriormente ante la Fiscalía aclaró que no había presenciado directamente la agresión policial. También autorizó la extracción de las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento.
Otra testigo declaró haber observado a dos policías uniformados golpeando al hombre. Según su relato, uno de ellos le habría dado una trompada y posteriormente habría observado golpes en la zona de la cabeza. Esa testigo también aportó tres registros audiovisuales. Durante el episodio, además, se produjo un siniestro vial protagonizado por una mujer que, según consta en el expediente, habría intentado intervenir para defender al hombre.
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