El sumario también acreditó que abandonó sus funciones desde abril de 2024 y que cobró haberes durante parte del período en el que no trabajó. El Gobierno ordenó determinar el monto a recuperar.
El Gobierno del Chaco dispuso la cesantía de una empleada de planta permanente del Ministerio de Desarrollo Humano, luego de un sumario administrativo que acreditó el abandono de sus funciones y la presentación de documentación adulterada para justificar una licencia médica.
La medida alcanza a Carla María Sol Caballero, quien se desempeñaba en el albergue familiar Madre Teresa de Calcuta. La cesantía quedó establecida mediante el Decreto 2212/2026, firmado por el gobernador Leandro Zdero, el ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez, y el secretario general de la Gobernación, Julio Ferro.
El expediente se inició a partir de una presentación realizada en diciembre de 2023 por la responsable del establecimiento. Allí se advirtieron irregularidades en un acta de Salud Ocupacional que la empleada había enviado por WhatsApp en formato PDF para respaldar una licencia médica correspondiente al 23 de noviembre de ese año.
De acuerdo con los fundamentos del decreto, el archivo presentaba una modificación: el número de ficha consignado correspondía a otra acta y a un trámite diferente. La irregularidad derivó en la apertura de un sumario para determinar las responsabilidades de la agente.
Durante la investigación también se incorporó un informe de Recursos Humanos de noviembre de 2025, según el cual Caballero había abandonado el servicio desde abril de 2024 y continuaba sin cumplir funciones. Sus haberes habían sido suspendidos mediante una disposición del 13 de junio de ese año.
La empleada fue citada para declarar durante el sumario, pero no se presentó ni presentó un escrito de defensa, pruebas o alegatos, pese a haber sido notificada, según consta en el decreto.
La Dirección de Sumarios recomendó la cesantía por abandono de servicio, recomendación que recibió la intervención favorable de la Asesoría General de Gobierno. El Ejecutivo consideró que las conductas acreditadas constituían faltas disciplinarias graves.
El decreto también señaló que la investigación había comenzado por la documentación presentada para justificar la licencia, aunque la sanción se fundamentó principalmente en el abandono del servicio. La medida es de carácter administrativo y no implica, por sí misma, una condena penal.
Además, el Gobierno detectó un posible cobro indebido de haberes entre el 1 de abril y el 12 de junio de 2024. Sin embargo, el decreto no establece una cifra y ordenó a Recursos Humanos determinar si existe un monto que deba ser recuperado.
Por último, las actuaciones fueron remitidas al Tribunal de Cuentas de la Provincia y a la Fiscalía de Estado, organismo que podrá iniciar las acciones legales correspondientes en caso de que no sea posible recuperar el dinero por la vía extrajudicial.
No hay comentarios:
Publicar un comentario