Diez policías serán juzgados por el allanamiento ilegal y las agresiones contra jóvenes de la comunidad Qom durante un operativo realizado en el barrio Banderas Argentinas de Fontana, en mayo de 2020. El debate comenzará el 22 de septiembre y continuará durante otras cuatro jornadas. Por las reducidas dimensiones de la sala, la prensa no podrá permanecer durante las audiencias.
El juicio oral por el operativo policial ocurrido en mayo de 2020 en el barrio Banderas Argentinas de Fontana comenzará este martes a las 7.30, en la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia. Diez policías deberán responder por distintos delitos vinculados con el ingreso ilegal a una vivienda, las agresiones contra jóvenes de la comunidad Qom y hechos posteriores ocurridos en una dependencia policial.
El debate estará a cargo de un tribunal integrado por los jueces Dolly Fernández, quien ejercerá la presidencia, Cristina Pisarello y Ernesto Azcona. La acusación estará a cargo del fiscal de Derechos Humanos, Luciano Santos. Las audiencias continuarán los días 23, 24, 29 y 30 de septiembre, siempre desde las 7.30.
El inicio del juicio tendrá una particularidad: la cobertura de los medios estará restringida debido a las dimensiones de la sala de audiencias. Según se informó oficialmente a periodistas y medios, podrán ingresar durante los minutos previos al comienzo del debate para registrar fotografías y videos. Luego deberán retirarse y no podrán permanecer dentro de la sala durante el desarrollo de las audiencias.
El mismo esquema se aplicará durante la jornada de lectura de la sentencia. El Área de Prensa del Poder Judicial anunció que proporcionará fotografías, inserts y una gacetilla informativa sobre el inicio del juicio.
Qué se juzga
La causa, identificada como expediente 12.386/2020-1, tiene como imputados a Antonio Andrés Fernández, Cristian Omar Benítez, César Matías Torres, Diego Adrián Latorre, Sofía Daiana González, Cristian Ariel Flores, Cristian Eduardo Foschiatti, Orlando Sergio Martín Cabrera, Sebastián Alberto Vallejos y Claudia Beatriz Lucena.
Los hechos investigados ocurrieron durante la madrugada del 31 de mayo de 2020, cuando efectivos policiales realizaron un operativo en una vivienda del barrio Banderas Argentinas de Fontana.
De acuerdo con la acusación, los agentes ingresaron al domicilio sin orden judicial y sometieron a golpes y distintos actos de violencia a jóvenes pertenecientes a la comunidad Qom, entre ellos una adolescente.
La investigación sostiene además que las agresiones continuaron luego en la Comisaría Tercera de Fontana, donde fueron trasladadas y permanecieron detenidas las víctimas. En ese contexto se denunciaron también insultos de contenido racista y discriminatorio.
Entre las pruebas que serán analizadas durante el debate se encuentran registros audiovisuales del procedimiento policial y grabaciones de las cámaras de seguridad de la comisaría, además de los testimonios de las víctimas, testigos y personas que registraron el operativo.
Las distintas acusaciones
Cristian Omar Benítez, Cristian Ariel Flores y Orlando Sergio Martín Cabrera enfrentan cargos por allanamiento ilegal en concurso real con vejaciones agravadas.
Cristian Eduardo Foschiatti está imputado por allanamiento ilegal, vejaciones agravadas, falsedad ideológica agravada y detención ilegal, todos en concurso real.
Sebastián Alberto Vallejos enfrenta cargos por vejaciones en concurso real con falsedad ideológica agravada, mientras que Claudia Beatriz Lucena está acusada por encubrimiento agravado en concurso real con detención ilegal cometida por un funcionario público.
El ascenso de una imputada
Uno de los puntos que atravesó el caso durante los últimos años fue la situación de Lucena, quien se encuentra imputada en la causa por encubrimiento agravado y detención ilegal.
Según documentación, mediante el Decreto N° 974/25, firmado el 13 de junio de 2025, el gobernador Leandro Zdero dispuso su ascenso de comisario inspector a comisario mayor, pese a que el proceso judicial se encontraba en curso.
La medida fue cuestionada en relación con las disposiciones del Reglamento del Régimen de Promociones Policiales, que establece restricciones para el ascenso de agentes sometidos a procesos judiciales.
Querella y acompañamiento internacional
En el proceso intervienen como querellantes particulares la Secretaría de Derechos Humanos y Género, representada por Maximiliano Almirón, y el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, representado por Guillermo Cuellar.
También interviene la defensora oficial N° 14, Karina Paz, en representación de Celeste Daiana Fernández, Cristian Rodolfo Fernández, Alejandro Delio Saravia, Rebeca Griselda Garay y Elsa Fernández.
La causa cuenta además con la participación de Amnistía Internacional Argentina como amicus curiae, representada por Mariela Belski, con el patrocinio letrado de Farid Iván Antúnez Percíncula. La traducción durante el proceso estará a cargo de Yolanda González.
Desde el Comité Provincial contra la Tortura, su vicepresidenta, Romina Duarte, expresó expectativas respecto del debate y de la valoración de la prueba: “Tenemos esperanza que las pruebas serán evaluadas con perspectiva de derechos humanos, teniendo en cuenta el origen de las víctimas, una población vulnerable perteneciente al pueblo Qom”.
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