La Justicia Federal investiga el origen de los fondos utilizados para una expansión comercial de una cadena de gimnasios premium que, según la fiscalía, no se condice con la capacidad económica declarada por los involucrados. Hubo 18 allanamientos en Chaco y Corrientes, tres detenidos y pedidos de captura internacional para dos imputados que estarían fuera del país.
La investigación que terminó con 18 allanamientos en Chaco y Corrientes y puso bajo la lupa a los integrantes de la cadena de gimnasios Exen comenzó mucho antes de los procedimientos realizados este viernes. El expediente se inició a partir de información aportada por una persona que se acogió al régimen del arrepentido y que vinculó a un grupo familiar con una concesionaria de automóviles y con una organización narcocriminal investigada en otra causa.
A partir de esa pista, el fiscal general Patricio Sabadini, responsable del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Resistencia, comenzó a reconstruir el patrimonio y los movimientos financieros de las personas y sociedades bajo investigación.
El expediente derivó en una hipótesis de lavado de activos: para la Fiscalía, parte del dinero de origen presuntamente ilícito habría sido incorporado al circuito económico formal a través de distintas actividades comerciales, entre ellas la apertura y expansión de una cadena de gimnasios de características premium.
Los lugares allanados
Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Federal de Garantías 1 de Resistencia, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger, a pedido de Sabadini. Participaron alrededor de 200 efectivos de Gendarmería Nacional y otros 50 integrantes de la Policía del Chaco, además de contadores, peritos informáticos, personal de ARCA y funcionarios de la Unidad Fiscal Resistencia.
Los allanamientos alcanzaron una serie de domicilios particulares, sucursales de la cadena Exen, inmuebles vinculados a la actividad comercial y concesionarias de automóviles, tanto en Resistencia y otras localidades del Chaco como en la ciudad de Corrientes.
En Resistencia, los procedimientos se realizaron en domicilios ubicados en Entre Ríos 309, Mitre 709 y San Buenaventura 30, además de distintos establecimientos comerciales. Entre ellos se encuentran las sucursales Exen Illia, de Arturo Illia 457; Exen Santiago, de Santiago del Estero 1443; Exen Las Heras, de avenida Las Heras 750; Exen Club, ubicado en el Paseo Libertad, en la colectora de la Ruta Nacional 16 y avenida Sabin; y Exen Barranqueras, de Brown 4285.
También fueron allanados inmuebles vinculados con Clinis Automotores, ubicados sobre avenida Mac Lean 520 y 550, este último correspondiente al galpón de la concesionaria, y en Gobernador Rolando Tauguinas 196, en la colectora de la Ruta Nacional 16, en Nicolás Avellaneda.
En Pampa del Infierno, los procedimientos alcanzaron un domicilio ubicado en calle Alvear 23 y la sucursal Exen Pampa, situada sobre Belgrano S/N.
En tanto, en la ciudad de Corrientes fueron allanados un departamento ubicado en Chaco 904, segundo piso, y el inmueble de Mendoza 970, correspondiente al edificio del Hotel Guaraní, donde se proyectaba la instalación de la sucursal Exen Guaraní.
La expansión
Uno de los principales puntos sobre los que avanzó la investigación fue el crecimiento de Exen. Según el requerimiento fiscal, entre febrero de 2025 y julio de 2026 la cadena llegó a contar con siete establecimientos.
Para Sabadini, la velocidad de ese crecimiento y el dinero destinado al equipamiento y las obras no encontrarían correspondencia con la capacidad económica declarada por los integrantes del grupo investigado.
“Resulta económicamente inviable para un negocio de estas características justificar la apertura de siete sucursales en un lapso tan acotado”, sostuvo el fiscal en su requerimiento, según informó Fiscales, web oficial de la Procuración General de la Nación.
La Fiscalía puso especial atención en las inversiones realizadas para poner en funcionamiento los gimnasios, sus instalaciones y el equipamiento adquirido. La hipótesis es que esos establecimientos podrían haber funcionado como una vía para incorporar fondos de origen ilícito al circuito formal.
Máquinas
Uno de los elementos analizados durante la investigación fue el valor del equipamiento instalado en cinco sucursales: Exen Illia, Exen Santiago, Exen Las Heras, Exen Club y Exen Barranqueras.
La Policía del Chaco realizó un inventario físico de las máquinas y estructuras existentes y tomó como referencia los valores proporcionados por el fabricante y los precios publicados en su catálogo.
De acuerdo con esa estimación, el equipamiento de las cinco sedes tendría un valor aproximado de 1.434.241 dólares.
Pero el dato que llamó la atención de los investigadores surgió al comparar esa valuación con las facturas de compra. Para las cuatro sucursales de Resistencia y la sede de Barranqueras, el valor estimado del equipamiento alcanzó los 989.793 dólares, mientras que las facturas relevadas representaban unos 407.743 dólares.
La diferencia calculada por la investigación fue de aproximadamente 582.049 dólares, equivalente al 58% del activo fijo relevado.
Para la Fiscalía, esa diferencia constituye uno de los elementos que deben ser profundizados para determinar el origen de los fondos utilizados para la adquisición de los bienes.
La hipótesis: plata narco
La acusación sostiene que las siete personas imputadas habrían conformado un grupo destinado a introducir en el circuito legal bienes y dinero cuyo origen sería ilícito.
El posible origen de esos fondos es uno de los aspectos centrales de la investigación. En la imputación, la Fiscalía atribuyó a los acusados haber puesto en circulación fondos “posiblemente provenientes del delito de narcotráfico y/u otros delitos de acción pública”.
La hipótesis se conecta directamente con el comienzo del expediente, ya que la información aportada por el arrepentido había relacionado al grupo familiar investigado con una organización narcocriminal que ya era investigada por narcotráfico, lavado de activos y tenencia ilegal de armas.
Según Sabadini, las sociedades investigadas podrían haber sido utilizadas para concretar la denominada fase de integración del lavado de activos: es decir, incorporar el dinero de origen presuntamente delictivo al mercado formal mediante inversiones y operaciones que aparentaran tener un origen legítimo.
En ese contexto, el fiscal cuestionó especialmente la “vertiginosa y simultánea inyección de capitales en equipamiento e infraestructura edilicia”.
Autos, viajes y un nivel de vida bajo investigación
La investigación no se limitó a los gimnasios. Las autoridades judiciales y organismos públicos que participaron del expediente analizaron movimientos bancarios, billeteras virtuales, proveedores de servicios de activos virtuales, registros de vehículos e inmuebles, información tributaria y movimientos migratorios.
En su requerimiento, Sabadini señaló que también se detectaron adquisiciones de vehículos, viajes al exterior y un nivel de vida que, según la Fiscalía, no se correspondería con los perfiles económicos declarados.
“Se advierten de manera incontrastable las inversiones concretadas para la realización de costosas mejoras en inmuebles para la puesta en marcha de los gimnasios”, sostuvo el fiscal, quien también hizo referencia a la estética, el lujo y las prestaciones de los establecimientos.
Para la acusación, todas esas exteriorizaciones patrimoniales deberán ser contrastadas con los ingresos y bienes declarados por los involucrados.
Los allanamientos también dejaron al descubierto la presencia de equipamiento destinado a la minería de criptomonedas. Uno de los lugares señalados fue el inmueble ubicado en Mitre 709, donde funcionaban oficinas administrativas relacionadas con el grupo Exen. Allí, además, personal de Secheep detectó además una conexión clandestina de energía eléctrica. Se encontraron irregularidades eléctricas similares en el gimnasio ubicado en Illia y en la sede de Santiago del Estero.
Tres detenidos y dos pedidos de captura internacional
La causa tiene siete personas imputadas: cinco hombres y dos mujeres. La Fiscalía solicitó la detención de cinco de ellos por considerar que existían riesgos procesales vinculados con el peligro de fuga y el posible entorpecimiento de la investigación.
Hasta el momento fueron detenidos Federico Clinis Canal, Mauro Lugo Heim y Yamil Gane. En tanto, Nicolás Clinis Canal y María Graciela Canal, quienes también tienen orden de detención, se encontrarían fuera del país. Según fuentes judiciales, estarían en Brasil y Paraguay, donde desarrollarían actividades vinculadas al mundo del fitness y el cuidado de la salud. Ante esta situación, la Fiscalía Federal de Resistencia solicitó la captura internacional de ambos pedidos que fueron refrendados por la jueza Niremperger.
Las otras dos personas imputadas, Jorge César Alberto Vargas y Raquel Edith Bohacek, permanecen en libertad, aunque quedaron formalmente notificadas de la acusación. Los siete están imputados por el delito de lavado de activos, previsto en el artículo 303 del Código Penal. En cuatro casos, además, la imputación contempla las agravantes de habitualidad y organización.
Recién comienza
El megaoperativo del viernes permitió secuestrar máquinas y equipamiento de gimnasios, dinero, documentación, automóviles y dispositivos vinculados con la minería de criptomonedas.
Ahora, buena parte de esos elementos deberá ser sometida a análisis contable, financiero e informático. El objetivo será determinar si las inversiones realizadas, las operaciones comerciales y los bienes adquiridos pueden ser explicados mediante ingresos lícitos o si, como sostiene provisoriamente la Fiscalía, forman parte de una estructura destinada a introducir dinero de origen delictivo en la economía formal.
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