Horas después de conocerse la resolución del Juzgado Federal de Sáenz Peña que dictó su procesamiento en la denominada «causa de las tierras», el exgobernador de Chaco, Jorge Milton Capitanich, realizó un descargo público en el que ratificó que apelará la medida de manera inmediata. El exmandatario insistió en la nulidad de la acusación, cuestionó la competencia de la Justicia Federal y denunció una maniobra de «judicialización de la política».
“Hemos manifestado la nulidad de la acusación y la improcedencia del procesamiento”, enfatizó Capitanich, quien argumentó que la adjudicación en venta de inmuebles rurales bajo investigación «no supone transferencia de titularidad». Asimismo, calificó como “increíble” que funcionarios de rango inferior, quienes tenían la responsabilidad directa sobre el control administrativo de dichas tierras, hayan sido sobreseídos o beneficiados con la falta de mérito en la misma resolución.
Defensa del circuito administrativo y constitucional
Uno de los principales ejes de la defensa del exgobernador radica en la estructura misma del funcionamiento estatal. Capitanich remarcó que un mandatario provincial no actúa de manera aislada al refrendar un documento público.
»Cada decreto que firma un gobernador atraviesa un procedimiento administrativo en el que intervienen organismos de control con jerarquía constitucional, encargados de verificar la legalidad de cada acto», explicó.
Bajo la premisa de improcedencia penal el exmandatario del Ejecutivo provincial sentenció que pretender atribuirle responsabilidad penal de manera directa, desconociendo deliberadamente este sistema institucional de filtros técnicos, resulta «jurídicamente improcedente».
»Aborrezco la judicialización de la política y la utilización de la Justicia como herramienta de persecución. Voy a defender mi actuación en cada instancia judicial con la misma convicción con la que siempre defendí los intereses del Chaco.»
Un debate sobre el federalismo y la política de tierras
Para Capitanich, el fallo del juez federal subrogante Fernando Carbajal no solo carece de sustento jurídico, sino que además avanza peligrosamente sobre las autonomías provinciales consagradas en la Carta Magna. «Resulta incongruente, inconsistente y temerario pretender juzgar a un gobernador, en el ámbito de la Justicia Federal, por actos administrativos dictados en el ejercicio de sus competencias», advirtió, señalando que la medida plantea un serio conflicto de competencia jurisdiccional y lesiona el sistema federal de gobierno.
Finalmente, el exmandatario reivindicó la política de regularización dominial llevada a cabo durante sus mandatos en la provincia: “Impulsamos con orgullo una política de acceso a la tierra que permitió avanzar en el desarrollo de más de 8.000 productores chaqueños que decidieron quedarse y apostar por la provincia, convencidos de que la seguridad jurídica sobre la tierra es una condición indispensable para el desarrollo, la producción y la generación de empleo”.
»¡En fin, más de lo mismo! Al final, la verdad siempre triunfa», cerró el exgobernador.
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