Desde marzo de este año hasta la fecha se registraron 324 retiros voluntarios en la administración pública provincial, un promedio de más de 80 por mes. Bajos salarios, pérdida del poder adquisitivo, falta de incentivo y escasez de recursos aparecen entre las principales razones del éxodo. “Trabajar sin estímulos, sin conducción y sin un norte claro también agota”, sostuvo un trabajador estatal que recientemente decidió retirarse.
La administración pública chaqueña atraviesa un proceso silencioso pero sostenido de pérdida de personal. Desde que se reglamentó la Ley de Retiro Voluntario Móvil, en febrero pasado, 324 agentes estatales se acogieron a distintos regímenes de retiro, con un promedio mensual de más de 80.
El dato surge del relevamiento de decretos oficiales vinculados a retiros voluntarios publicados por el Poder Ejecutivo provincial en la página de Sistema de Gestión de Trámites.
Sancionada en diciembre de 2025 y reglamentada en febrero de 2026, la Ley 4200-H (Régimen de Retiro Voluntario Móvil), está destinado a buena parte del personal de planta permanente de la administración pública provincial que aporte al INSSSEP. El plazo para solicitar la adhesión está habilitado hasta el 31 de agosto.
El régimen constituye una modalidad especial de desvinculación laboral que permite a los trabajadores acceder a una prestación mensual equivalente a entre el 50% y el 75% de su salario, según la edad y los años de aportes registrados. El cálculo se realiza sobre la última remuneración normal y habitual sujeta a aportes.
El beneficio contempla actualización y movilidad automática, además de mantener la cobertura de obra social, fondo de salud pública, aguinaldo y asignaciones familiares.
La prestación se extingue cuando el beneficiario accede a la jubilación ordinaria, renuncia al régimen o fallece. En este último caso, el beneficio se transfiere a los causahabientes. Para acceder, se requiere ser agente de planta permanente y acreditar al menos diez años de aportes al INSSSEP.
Quedan excluidos los trabajadores docentes, el personal de seguridad y, en principio, los agentes de Salud Pública, aunque la normativa faculta al Ministerio de Salud a establecer excepciones según las necesidades del sistema sanitario.
Tampoco pueden adherirse quienes desempeñen funciones consideradas esenciales para el funcionamiento de sus organismos o aquellos que se encuentren sometidos a procesos penales o sumarios administrativos.
La ley establece además que los cargos vacantes generados por los retiros serán eliminados automáticamente de las estructuras presupuestarias y prohíbe el reingreso de los beneficiarios a la administración pública, salvo en cargos electivos o de máxima autoridad.
Junto con este sistema, continúa vigente el Régimen de Retiro Voluntario Móvil por Familiar con Discapacidad, previsto en la Ley N° 3807-H.
La norma está destinada a agentes de planta permanente que tengan a su cargo el cuidado de una persona con discapacidad que requiera asistencia permanente. Para acceder, deben acreditar al menos quince años de aportes al INSSSEP y presentar la documentación que certifique tanto el vínculo como la situación de dependencia.
A diferencia del régimen general, este beneficio garantiza una prestación equivalente al 100% de la remuneración percibida por el agente al momento de obtener el retiro y se mantiene hasta que acceda a la jubilación correspondiente.
“Da lo mismo: sos un número más”
Detrás de las estadísticas aparecen historias personales que ayudan a explicar las razones de este fenómeno. Una de ellas es la de un trabajador estatal con quince años de trayectoria, quien esta semana anunció el inicio de su licencia previa al retiro definitivo.
A través de una extensa publicación en redes sociales, explicó que tomó una decisión que calificó como difícil, pero inevitable. “Siempre creí en el rol del Estado, en un Estado presente y cercano a la gente. Comprometido con el bienestar colectivo”, escribió. Sin embargo, aseguró que la situación salarial actual terminó por volver insostenible su permanencia en la administración pública.
“La pérdida del poder adquisitivo en el presente es, sin dudas, algo jamás visto. Pretender que la gente trabaje con sueldos muy bajos, congelados y sin poder cubrir las necesidades mínimas es algo muy cruel”, sostuvo.
Según relató, los problemas no se limitan a los ingresos. También cuestionó la falta de recursos para desarrollar las tareas cotidianas y afirmó que, en muchos casos, son los propios trabajadores quienes deben afrontar gastos operativos con dinero de su bolsillo.
“No se tienen las herramientas mínimas para trabajar, al punto de tener que invertir dinero propio para paliar ciertas necesidades que el Estado no quiere cubrir”, señaló.
El trabajador también apuntó contra la ausencia de reconocimiento y conducción dentro de los organismos públicos. “Trabajar sin estímulos, sin conducción y sin un norte claro también agota”, expresó. Y resumió el malestar que, según afirma, comparten numerosos empleados estatales con una frase contundente: “En el presente da lo mismo: sos solo un número más”.
Si bien la iniciativa es promovida desde el gobierno, como una forma de “achicar el gasto público”, cada retiro implica la pérdida de experiencia acumulada, conocimiento técnico y capacidad operativa en áreas clave del Estado. Además, el personal que se acoge a este beneficio es muy joven: promedia los 45 años.
No hay comentarios:
Publicar un comentario