El Equipo Fiscal Especial que investiga la desaparición de Axel González resolvió que cuatro fuerzas nacionales conduzcan las pesquisas. El Comité para la Prevención de la Tortura celebró la medida, pero advirtió que debió adoptarse desde el primer día.
La Fiscalía de Cámara Primera, a cargo de Noelia Encinas, y el Equipo Fiscal N° 14, conducido por Julieta Arolfo, dispusieron la intervención de las fuerzas de seguridad federales en la causa que investiga la desaparición de Axel Alejandro González y ordenaron el cese inmediato de la Policía del Chaco en todas las tareas investigativas vinculadas al caso.
La resolución ordena la actuación conjunta de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. La medida fue adoptada tras el pedido del Procurador General, Jorge Canteros, que solicitó la incorporación de organismos federales al expediente.
Además, se instruyó a la coordinadora del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu), Paula Sánchez Ayala, para que designe la unidad de investigación federal que intervendrá en la causa, la cual deberá quedar a disposición del Equipo Fiscal N° 14 para iniciar las diligencias que correspondan.
En simultáneo, la Justicia ordenó a la Dirección de Investigaciones Complejas de la Policía del Chaco —encabezada por el comisario Nelson Alvarenga— que cese toda intervención en la recepción de testimonios, recolección de pruebas y demás actos investigativos a partir de la fecha de la resolución. La dirección deberá remitir de manera inmediata al Equipo Fiscal N° 14 la totalidad del material probatorio reunido hasta el momento: evidencias, datos e informes.
“Desde el inicio”
El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco valoró la decisión, pero fue enfático en señalar sus límites: la medida era necesaria y adecuada, pero llegó tarde.
El organismo recordó que había solicitado el apartamiento policial desde los primeros días de la investigación —primero de manera informal ante el Fiscal Especial de Derechos Humanos, Luciano Santos; luego ante autoridades del Poder Ejecutivo provincial; y finalmente de forma formal en sede judicial—, sin que la petición fuera atendida en tiempo oportuno.
“Las primeras horas y los primeros días son cruciales para la preservación de la prueba”, señaló el Comité en su comunicado, advirtiendo que la demora en excluir a las fuerzas potencialmente involucradas puede haber comprometido la eficacia de las medidas de prueba y dificultado la reconstrucción de los hechos.
El organismo indicó que la resolución se ajusta a los estándares nacionales e internacionales aplicables a investigaciones en las que podrían estar involucrados agentes estatales, los cuales exigen que las diligencias sean conducidas por órganos independientes y ajenos a cualquier conflicto de intereses. Y ratificó su acompañamiento a la familia de Axel González, que se encuentra desaparecido desde el pasado 17 de mayo.
Preventiva
Cabe recordar que esta semana, la fiscal Arolfo también resolvió dictar la prisión preventiva para tres de los siete detenidos. En contrapartida, los cuatro restantes recibieron el beneficio de la libertad, aunque seguirán formalmente ligados al proceso judicial.
De acuerdo con la reconstrucción formal plasmada en las resoluciones judiciales, la madrugada de su desaparición, Axel ingresó corriendo de manera imprevista a una propiedad ubicada en la Chacra 45 del Barrio Anunciación, en la localidad de Fontana. En ese inmueble se encontraban Antonio Omar Íñiguez, alias “Nuni” (32), y Leonardo Nicolás Silva, alias “Nico” (36), quienes mantuvieron el último contacto documentado con el joven antes de que se perdiera su rastro.
Tanto Íñiguez como Silva fueron procesados bajo la medida de prisión preventiva en carácter de autores del delito de encubrimiento. Según la argumentación del Ministerio Público Fiscal, ambos desplegaron “diversas conductas tendientes a obstaculizar el descubrimiento de la verdad y a dificultar la acción de la justicia”.
En el caso específico de “Nuni” Íñiguez, la fiscalía sostiene que ocultó una campera que la víctima vestía al momento de ingresar a la propiedad, con la finalidad de hacer desaparecer rastros. Por su parte, Silva modificó en reiteradas oportunidades sus declaraciones ante las autoridades, ofreciendo versiones contradictorias e inconsistentes con el resto de las pruebas.
Para Arolfo, Silva era “plenamente consciente de la relevancia de su posición como el último eslabón de contacto con la víctima” y direccionó sus relatos para “confundir a los investigadores y proteger a quienes pudieran resultar responsables”.
Violencia previa
El tercer detenido que permanecerá bajo prisión preventiva es Ramón Antonio “Cuno” Gómez (49), a quien se le atribuye el delito de amenazas. La pieza acusatoria detalla que “Cuno” Gómez, en coautoría conjunta y coordinada con otros familiares, le manifestó reiteradas amenazas de muerte e incluso ejerció violencia física contra Axel antes del 17 de mayo.
La justicia determinó que existía un “contexto previo de violencia grave y sostenida hacia Axel”. Durante los allanamientos en la vivienda de Gómez en Paraje Dellamea (Puerto Tirol), peritajes con luces forenses arrojaron resultados positivos en prendas de vestir y toallas, elementos que continúan bajo riguroso análisis biológico.
En paralelo al dictado de las preventivas, la Fiscalía dispuso el cese de la detención para Agustín Daniel Pucheta, Ariel Esteban Lázaro, Sergio Ramón Gómez y Rosario Lorena Gómez.
No obstante, la fiscalía advirtió detalladamente que la liberación no significa de ninguna manera la desvinculación definitiva del expediente. Los cuatro continuarán formalmente imputados en la causa.
Cabe destacar que, según la acusación inicial, a Pucheta se lo investiga por presuntamente enviar mensajes de texto a través de una cuenta falsa de Facebook (“Ángel Gómez”) a la hermana de Axel, afirmando falsamente haber visto a policías golpear y subir al joven a un patrullero, en una aparente maniobra que buscaba desviar la pesquisa original.
Medidas pendientes
La resolución judicial subraya que el peligro procesal y el riesgo de entorpecimiento justifican mantener tras las rejas a Íñiguez, Silva y Gómez, dado que resta producir una enorme cantidad de material probatorio.
Entre los pasos siguientes se destacan el peritaje definitivo de los teléfonos celulares secuestrados, el análisis de las muestras extraídas en las paredes del marco de la puerta de los sospechosos, el reconocimiento formal de prendas de vestir por parte de testigos clave y la toma de nuevas declaraciones a los vecinos del Barrio Anunciación.
Mientras la causa avanza, con una fuerte presión por parte de la familia de Axel para que se investigue en profundidad el accionar policial de aquella madrugada, por el momento no hay policías imputados ni detenidos. De hecho, tampoco hay acusados directos de la desaparición del joven.
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