Una grave denuncia penal sacude la comunidad educativa de la Escuela de Educación Secundaria (E.E.S.) N° 191 "Dora A. Ballesta", ubicada en el paraje rural Pampa Aguado. Nancy Rosana Palamarczuk, docente con 11 años de antigüedad en la institución, se presentó ante la Comisaría Cuarta de esta ciudad para denunciar formalmente una compleja trama de corrupción administrativa, fraude al Estado y un sistemático acoso laboral que deterioró gravemente su salud.
La presentación judicial —que ya cuenta con el patrocinio de la abogada Mariana Cecilia Taborda como querellante particular— apunta directamente contra la directora del establecimiento, Vanesa Rivero; la secretaria interina, Melina Sánchez Jolgar; y la auxiliar docente Marisol Liliana Olivera. Los delitos señalados prima facie van desde amenazas hasta fraude en perjuicio de la administración pública, falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
De la suplencia al calvario: hostigamiento en el ámbito escolar
De acuerdo con el documento policial, el conflicto se originó entre agosto y noviembre de 2025, cuando Palamarczuk asumió temporalmente las funciones de secretaria en reemplazo de Sánchez Jolgar, quien se encontraba bajo licencia médica. En ese contexto, la denunciante afirma haber comenzado a sufrir constantes episodios de violencia verbal, persecución y maltrato psicológico por parte de la auxiliar Marisol Olivera.
"Vos sos una rastrera", "vas a morir suplente" y "te la vas a tener que fumar" fueron algunas de las frases intimidatorias y descalificatorias que Olivera le habría proferido en presencia de otros colegas.
El hostigamiento culminó con amenazas directas sobre su continuidad laboral. Como consecuencia directa de esta violencia sostenida, Palamarczuk padeció una crisis hipertensiva severa que derivó en su hospitalización de urgencia. Actualmente, la docente continúa bajo tratamiento médico y psicológico con secuelas cardíacas crónicas, viéndose obligada a mantener una licencia por largo tratamiento.
"Alumnos fantasmas" y cajas negras de la educación rural
Sin embargo, el núcleo más sensible de la denuncia penal radica en las maniobras fraudulentas detectadas por la docente mientras auditaba la documentación del colegio. Palamarczuk expuso la existencia de una matrícula presuntamente adulterada con "alumnos fantasmas" que figuraban en las listas oficiales pero jamás asistían a clases. Según la acusación, esta falsificación ideológica se realizaba a petición explícita de los directivos con el único fin de inflar los números escolares y recibir de forma indebida mayores recursos estatales, partidas presupuestarias y equipamiento tecnológico (como computadoras que, según el testimonio, terminaban en el domicilio particular de la dirección).
Designacion a "dedo" y sin título docente
A esto se suman severas irregularidades en el manejo del personal. El escrito judicial detalla la designación "a dedo" de Lorena Magalí Algarañaz —hija de la secretaria con licencia— en un cargo de auxiliar docente, a pesar de no figurar inscrita en la Junta de Clasificación ni poseer título habilitante. Palamarczuk constató que Algarañaz no solo cobraba por ese cargo, sino que también percibía haberes por horas cátedra en asignaturas como Biología, Historia, Sociología y Filosofía.
Una situación similar se denunció respecto a Marisol Olivera, quien desde el año 2022 estaría percibiendo liquidaciones por horas de Educación Física, Educación Artística y Música sin contar con la incumbencia pedagógica requerida.
Giro polémico: una restitución que despierta sospechas de encubrimiento
A pesar de la gravedad institucional de los informes elevados originalmente a la Dirección Regional Educativa IV - "A", a cargo de Paloma Egea, la respuesta oficial provocó indignación en la denunciante. Si bien en marzo de 2026 se inició una información sumaria que separó preventivamente de sus cargos a la directora Rivero y a la secretaria Jolgar, la medida no afectó el goce de sus haberes por horas cátedra.
El escándalo recrudeció cuando, mediante la Disposición N° 2395/00447/26 firmada el pasado 6 de mayo, las autoridades regionales hicieron lugar a un recurso de revocatoria y reintegraron a las directivas investigadas a sus funciones habituales. Palamarczuk advirtió que esta medida pone en severo riesgo las pruebas físicas del caso, denunciando que tras conocerse la restitución ya desaparecieron documentos cruciales de la oficina, como el legajo de Algarañaz.
"Cuando voy a consultar por el expediente me tratan de 'loca' y dicen que es un capricho mío", sentenció la docente en un descargo público donde además remarcó su doble condición de trabajadora y madre de un alumno de 4° año de la institución. Ante lo que califica como una "desprotección total" y una "paralización manifiesta" de la vía administrativa regional, Palamarczuk solicitó la intervención inmediata de la Ministra de Educación de la Provincia del Chaco y de la justicia ordinaria para esclarecer un entramado que desnaturaliza la función ética de la escuela pública.
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