Un pedido de acceso a la información pública realizado permitió conocer el mapa de las cesantías en el Servicio Penitenciario Provincial durante la última década. Los datos muestran picos de expulsiones, predominio de agentes de baja jerarquía entre los sancionados y causas que van desde la insubordinación hasta delitos graves como narcotráfico, abuso sexual y homicidio.
Un relevamiento realizado a partir de documentación oficial del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) revela un escenario marcado por fuertes ciclos de conflictividad interna, sanciones disciplinarias masivas y una alta concentración de cesantías en los sectores operativos de la fuerza.
La información mediante un pedido de acceso a la información pública, amparado en la Ley Provincial 2486-A, y remitida por la Dirección de Personal del organismo. La base de datos permite reconstruir, con precisión, quiénes fueron apartados del sistema penitenciario chaqueño en los últimos años, sus jerarquías, destinos y las razones administrativas o judiciales que motivaron las expulsiones.
El punto más alto de la serie estadística se registró en 2022, cuando se contabilizaron 24 cesantías, casi la mitad del total de bajas registradas en la última década.
El dato sobresaliente es que 22 de esos 53 cesanteados —el 41% del total— fueron dados de baja bajo un mismo instrumento legal: el Decreto 848/20, aplicado de manera uniforme por una causal idéntica: insubordinación.
La mayoría de estas sanciones se efectivizó el 31 de marzo de 2022, alcanzando a personal destinado en distintas unidades penitenciarias, entre ellas los Complejos Penitenciarios I y II, Villa Ángela, Castelli y áreas administrativas como la Dirección de Personal.
Las desvinculaciones correspondieron a agentes involucrados en la sedición policial de 2013. En aquella ocasión, un grupo significativo de efectivos de la Policía del Chaco y del Servicio Penitenciario Provincial concretaron un inédito auto acuartelamiento en reclamo de mejoras salariales que provocó que la provincia, y más que nada Sáenz Peña y Resistencia, se convirtieran en virtuales zonas liberadas para el delito. Esto dejó como saldo saqueos masivos a comercios y dos personas fueron asesinadas, entre ellas un policía.
El segundo momento crítico aparece en 2025, donde se registraron 10 cesantías, posicionándose como el segundo periodo con mayor cantidad de expulsiones. A diferencia de 2022, el patrón exhibe una mayor dispersión de causales.
Los expedientes administrativos incluyen faltas éticas, infidelidad al régimen penitenciario y causas judiciales de extrema gravedad. Entre los casos aparecen investigaciones vinculadas a infracción a la Ley de Estupefacientes (23.737), lesiones con armas de fuego e infracciones aduaneras.
Golpea hacia abajo
El análisis de las jerarquías deja al descubierto otro dato significativo: las cesantías impactan principalmente en la base de la estructura penitenciaria.
De los 53 agentes expulsados, 35 pertenecían a la categoría de Agente, mientras que otros ocho eran Cabos. En contraste, los rangos superiores prácticamente no aparecen alcanzados por las sanciones: apenas un Suboficial Principal y un Subalcaide integran la nómina.
La lectura de este fenómeno admite dos interpretaciones: por un lado, que las conductas irregulares se concentran efectivamente en los escalones operativos; por otro, que el sistema disciplinario actúa con mayor severidad sobre los sectores de menor jerarquía, preservando a la cúpula institucional.
La documentación también muestra que una parte de los cesanteados no solo enfrentó sanciones administrativas, sino además procesos penales por delitos graves.
Entre los casos identificados figuran investigaciones por narcotráfico, particularmente bajo infracción a la Ley 23.737. Al menos tres agentes fueron vinculados a este tipo de delitos. La lista incluye además un expediente por homicidio calificado y otro por abuso sexual con acceso carnal.
Estos casos exponen un costado especialmente sensible: la infiltración de delitos complejos dentro de una fuerza encargada, precisamente, del control y custodia de personas privadas de libertad.
Complejos I y II, bajo la lupa
Otro patrón surge al observar los destinos de los agentes cesanteados. El Complejo Penitenciario II encabeza el listado con 11 bajas, seguido de cerca por el Complejo Penitenciario I, con 10 agentes apartados.
Entre ambos establecimientos concentran aproximadamente el 40% de todas las cesantías registradas, configurándose como los principales focos de conflictividad disciplinaria dentro del sistema penitenciario chaqueño.
El acceso a esta información, vale señalar, permite dimensionar el funcionamiento interno de uno de los organismos más herméticos del Estado provincial y aporta elementos para debatir sobre los mecanismos de control institucional.
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