El 19 de mayo comenzará la audiencia previa al juicio por la brutal agresión policial contra un grupo de jóvenes de la comunidad Qom de Fontana ocurrida en mayo de 2020, en plena pandemia. A casi seis años del hecho, la tía de una de las víctimas aseguró que las secuelas físicas y psicológicas siguen presentes. Diez efectivos de la Comisaría Tercera de Fontana son acusados de allanamiento ilegal, vejaciones agravadas y otros delitos.
A casi seis años de uno de los episodios de violencia policial más resonantes de la historia reciente del Chaco, la Justicia comenzará el próximo martes a transitar la etapa final hacia el juicio oral por la brutal agresión ocurrida el 31 de mayo de 2020 en el barrio Banderas Argentinas de Fontana, donde efectivos de la Comisaría Tercera irrumpieron en una vivienda de una familia Qom, golpearon a jóvenes de la comunidad, los amenazaron de muerte y los trasladaron a una comisaría, donde siguieron hostigándolos y atacándolos a golpes durante las diez horas que los mantuvieron en detención.
La Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia fijó para ese día la audiencia preliminar, una instancia procesal clave en la que se ordenará la prueba y se resolverán cuestiones pendientes antes del debate oral, con el objetivo de evitar nulidades o demoras. El juicio ya tiene fechas confirmadas: se desarrollará los días 23, 24, 25 y 30 de junio, y 1, 2, 7 y 8 de julio de 2026, ante un tribunal integrado por las juezas Dolly Fernández, Cristina Pisarello y María Virginia Ise.
En el banquillo estarán diez efectivos policiales acusados de distintos delitos, entre ellos vejaciones agravadas, allanamiento ilegal, falsedad ideológica, detención ilegal y encubrimiento. La acusación fiscal reconstruyó una secuencia de hechos ocurridos durante la madrugada del 31 de mayo de 2020, cuando un grupo de policías ingresó sin orden judicial a una vivienda del barrio Banderas Argentinas.
Según la investigación, todo comenzó alrededor de las 4.30 de la mañana, cuando los uniformados derribaron la puerta de una casa a patadas. El cabo Cristian Ariel Flores habría sido el primero en ingresar y golpear en la cabeza a Delio Alejandro Saravia, mientras intentaba sostener la puerta. Luego ingresaron otros efectivos, quienes —de acuerdo a la acusación— continuaron con golpes de puño y patadas contra Saravia, incluso cuando era retirado de la vivienda.
La violencia también alcanzó a otros integrantes de la familia. En el exterior de la casa, Elsa Fernández fue golpeada en el rostro con la culata de un arma reglamentaria. Además, Daiana Celeste Fernández, de entonces 16 años, junto a Cristian Rodolfo Fernández y Rebeca Garay, fueron reducidos mediante golpes, empujones y amenazas, mientras los policías les proferían insultos racistas vinculados a su pertenencia a la comunidad Qom.
La acusación sostiene que los malos tratos continuaron dentro de la comisaría. Daiana ingresó esposada y, según el expediente, recibió golpes de una agente policial. Cristian Rodolfo Fernández también habría sido golpeado al ser ingresado a las celdas y, minutos después, recibió patadas mientras permanecía acostado boca abajo en el piso. La Fiscalía Especial de Derechos Humanos, a cargo de Lucianos Santos, describe además una nueva golpiza dentro de una habitación contigua a las celdas, donde varios efectivos habrían atacado a dos de los detenidos con puños, patadas e incluso con la culata de una escopeta.
También atribuye responsabilidades por supuestas irregularidades posteriores al operativo. Dos policías están acusados de fraguar el acta de allanamiento mediante la inclusión de un testigo que, según se determinó, nunca estuvo presente. Asimismo, se investiga la detención de Daiana Fernández, por eludir la notificación de su aprehensión al Juzgado de Niños, Niñas y Adolescentes correspondiente.
En cuanto a la posición defensiva, la mayoría de los policías imputados optó reiteradamente por abstenerse de declarar cada vez que fueron convocados a lo largo de la investigación judicial. La única excepción fue el agente Sebastián Alberto Vallejos, quien en las oportunidades en que prestó declaración negó los hechos que se le atribuyen.
En total, diez efectivos policiales llegarán a juicio. Cristian Ariel Flores, Orlando Sergio Martín Cabrera, Cristian Eduardo Foschiatti y Cristian Omar Benítez están acusados por allanamiento ilegal y vejaciones agravadas.
Por su parte, Antonio Andrés Fernández, César Matías Torres, Diego Adrián Latorre y Sofía Daiana González enfrentarán cargos por vejaciones agravadas. En tanto, Sebastián Alberto Vallejos será juzgado por vejaciones y falsedad ideológica, mientras que la comisaria Claudia Beatriz Lucena está acusada de encubrimiento agravado y detención ilegal.
Si bien todos los acusados siguen en sus cargos —por el principio de inocencia—, el caso de Lucena es insólito. A pesar de estar en medio de un proceso penal y que el Reglamento de Régimen de Promociones Policiales lo prohíbe taxativamente, fue ascendida en junio de 2025 mediante un decreto firmado por el gobernador, Leandro Zdero: pasó de comisario inspector a comisario mayor.
“Daño incalculable”
A casi seis años de aquella madrugada, las consecuencias todavía persisten en las víctimas. Graciela Duarte, tía de uno de los jóvenes agredidos, aseguró que el impacto físico y psicológico sigue siendo profundo.
“Hay una chica que no quiere ni presentarse al juicio. Se fue a vivir al interior porque le trae muy malos recuerdos. A ella, en la comisaría, la encerraron, le tiraron alcohol y le gritaban barbaridades irreproducibles”, relató
Duarte también describió las secuelas de uno de sus sobrinos, quien perdió piezas dentales y arrastra lesiones en la columna y las costillas que le impiden trabajar. “Es incalculable el daño psicológico y físico que les dejaron”, sostuvo. Sin embargo, remarcó que la familia y los jóvenes están decididos a dar testimonio durante el juicio: “Están dispuestos a hablar”.
El caso tomó dimensión nacional luego de que se viralizaran imágenes del operativo y de las denuncias sobre insultos discriminatorios que habrían recibido las víctimas, entre ellos frases como “indios de mierda, los vamos a matar”. En aquel momento, el entonces presidente Alberto Fernández calificó las imágenes como “inaceptables”.
El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco, que interviene como querellante institucional, consideró el expediente un caso emblemático de violencia institucional, particularmente por involucrar a integrantes de pueblos originarios, y manifestó su expectativa de que los hechos no queden impunes.
La audiencia preliminar del 19 de mayo marcará el inicio formal de la recta final hacia el juicio oral. Para la familia de las víctimas, también representa un nuevo capítulo en una espera atravesada por el dolor, las secuelas y la expectativa de obtener Justicia.
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