Con un argumento que roza el ridículo, el fiscal Nº 4 de Sáenz Peña, Gustavo Valero, se inhibió de intervenir en la causa que se convirtió en una braza ardiente para los fiscales de esa jurisdicción: la que investiga a la gestión del intendente Bruno Cipolini por presuntas irregularidades en el uso de fondos municipales para inversiones de alto riesgo. El fiscal justificó su inhibición en que tributa ante el Municipio, que es querellante en la causa, por lo que es un “deudor” y el Municipio su “acreedor”. La causa recaería en el polémico fiscal César Collado, el favorito del clan Cipolini.
La investigación penal por el presunto manejo irregular de fondos públicos en el Municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña sumó un nuevo capítulo que roza el absurdo institucional. Apenas horas después de haber sido ratificado al frente del expediente por la Procuración General, el titular del Equipo Fiscal Nº 4, Gustavo Rafael Valero, decidió inhibirse y apartarse del caso. Lo llamativo no es la decisión en sí, dentro de un trámite plagado de presiones políticas, sino la desopilante justificación legal elegida por el magistrado para justificar que su imparcialidad se encuentra comprometida.
En la resolución firmada este jueves, el fiscal Valero argumentó formalmente que mantiene una relación de “acreedor y deudor” con la principal entidad afectada en la causa: la propia municipalidad administrada por el intendente Bruno Cipolini. En su insólito argumento el fiscal señaló que en la causa actúa como querellante particular el Municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña, y que él “posee un automotor y un inmueble y que tributa por ante el municipio”, por lo que se configura el carácter “de acreedor por parte del querellante y el de deudor por parte del suscripto”. Bajo este insólito criterio, pagar las tasas municipales o el impuesto automotor se convierte en una traba insalvable para investigar presuntos hechos de corrupción que salpican al poder municipal.
La pirueta jurídica de Valero resulta todavía más contradictoria si se analiza su comportamiento reciente en el expediente. Solo cinco días atrás, el propio Valero había rechazado con firmeza la inhibición de su colega, el fiscal Marcelo Soto, quien pretendía apartarse luego de haber imputado a Diego Landriscina, secretario de Gobierno y mano derecha del intendente. En aquella oportunidad, Valero consideró que los motivos de Soto no eran suficientes y forzó la intervención de la Procuración Adjunta para que destrabara la situación. Sin embargo, tras ser ratificado por las autoridades superiores para llevar adelante el caso junto a la fiscal de Cámara Andrea Bastos, Valero descubrió repentinamente que ser contribuyente de Sáenz Peña le genera una supuesta “violencia moral” insoportable que le impide ser objetivo.
¿Todo marcha acorde al plan (de impunidad)?
El portazo de Valero no solo debilita la búsqueda de transparencia en una causa que investiga el destino de 1.800 millones de pesos colocados en cheques de pago diferido sin garantías, sino que abre la puerta al peor escenario posible para la viabilidad del proceso. Al inhibirse, el fiscal dispuso traspasar de forma directa las actuaciones a su subrogante legal, César Collado, titular del Equipo Fiscal Nº 1. La llegada de Collado al expediente reactiva de inmediato las alarmas y las sospechas de una maniobra diseñada para garantizar la impunidad de las huestes de la familia Cipolini.
El perfil de César Collado arrastra una densa estela de polémicas y cuestionamientos técnicos. El funcionario se mantiene de forma provisoria en su puesto gracias a la abierta intervención de Florencia Ávila Arkwright, funcionaria de la Municipalidad de Sáenz Peña y presidenta del Colegio de Abogados local, quien operó ante el Consejo de la Magistratura para hacer caer el concurso oficial donde debía designarse al fiscal titular. En aquel concurso, Collado ya había quedado eliminado por su evidente falta de capacidad técnica. Además, sobre el polémico fiscal interino pesan denuncias penales recientes por presunto abuso de poder y persecución contra quienes impulsaron su juicio político. Con estos antecedentes, el destino de la causa que estremece al poder saenzpeñense queda ahora en manos de un fiscal moldeado a la medida de los propios investigados, lo que en la jerga de los tribunales se conoce como “forum shopping”.
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