A 44 años del fin de la guerra y a casi dos décadas de las primeras presentaciones judiciales para que esos delitos no queden impunes, el máximo tribunal acumula ya once recursos extraordinarios, en los que debe decidir si los hechos constituyen o no crímenes delitos de lesa humanidad, en línea con los tratados internacionales firmados por la Argentina.
A 44 años del inicio de la Guerra de Malvinas, la causa judicial que investiga los tormentos que superiores militares argentinos infligieron a sus propios soldados conscriptos sigue sin poder avanzar a juicio. El expediente, que acumula más de 200 testimonios y tiene a más de 130 militares imputados, atraviesa hoy su momento más crítico: desde octubre de 2021, la Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos once recursos extraordinarios en los que debe resolver una pregunta previa y decisiva: si los hechos constituyen delitos de lesa humanidad —y por lo tanto imprescriptibles, lo que habilitaría el juzgamiento— o si, como sostuvieron algunos fallos anteriores, ya están prescriptos como delitos comunes y los responsables quedarían impunes. Lleva más de tres años sin pronunciarse.
Qué se investiga
La causa nació en 2007 a partir de una denuncia presentada por el entonces subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, Pablo Vassel, quien recopiló los primeros testimonios de ex soldados conscriptos que relataron haber sido víctimas o testigos de torturas durante el conflicto. Con el tiempo, las denuncias se multiplicaron y el expediente —radicado en el Juzgado Federal de Instrucción de Río Grande, Tierra del Fuego, a cargo de la jueza Mariel Borruto— creció hasta convertirse en una megacausa con más de doscientas declaraciones.
Golpes, sometimiento a excesivo esfuerzo físico, sobreexposición al frío, al viento y al agua helada, insultos y maltrato psicológico, estaqueamientos, enterramientos y simulacros de fusilamiento. Esas son las torturas que los testimonios describen de manera sistemática. Las víctimas eran jóvenes de entre 18 y 20 años que cumplían el servicio militar obligatorio, y en la mayoría de los casos el motivo del castigo era haber buscado o robado comida.
Los relatos son precisos. Al soldado Mario Roberto Sauco lo castigaron obligándolo a colocar sus pies cerca del fuego con sus borceguíes y medias, sin que pudiera moverse durante un día, lo que le produjo ampollas. El conscripto Carlos Argentino Pereyra fue estaqueado durante ocho horas bajo una nevada como castigo por un supuesto robo de comida. Edgardo Oscar Arnoldo fue estaqueado durante cuatro o cinco horas, atado de manos y pies con un nylon cubriéndolo durante un bombardeo nocturno, también por robar comida de sus superiores.
Uno de los querellantes, Silvio Katz, relató que además sufrió torturas específicas por su condición religiosa. Judío, fue destinado a una unidad donde el oficial y los suboficiales tenían afinidad con el antisemitismo, y fue torturado por esa razón. Katz tardó décadas en hablar. “Un día me dije: no me puedo ir de este mundo sin contar las torturas que nos hicieron. Quiero que se haga justicia”, declaró.
Para Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del CECIM de La Plata, los mismos oficiales que participaron de la guerra habían trabajado previamente como torturadores para la dictadura. “El terrorismo de Estado se trasladó a Malvinas”, sintetizó.
El laberinto judicial
La causa tiene una historia procesal marcada por avances y retrocesos. Luego de años de instrucción, en 2018 la jueza Borruto citó a declaración indagatoria a 18 militares. En diciembre de 2019 declararon cuatro de ellos: Eduardo Luis Gassino, Miguel Ángel Garde, Belisario Gustavo Affranchino Rumi y Gustavo Adolfo Calderini.
Pero en mayo de 2021 llegó el golpe más duro. Con los votos de los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, la Sala I de la Cámara Federal de Casación anuló el fallo de la Cámara de Comodoro Rivadavia que había declarado la imprescriptibilidad de las torturas por tratarse de crímenes de lesa humanidad. La jueza Ana María Figueroa votó en disidencia, señalando la obligación del Estado de investigar estos delitos conforme al derecho internacional. Ante ese revés, la jueza Borruto decidió suspender las indagatorias pendientes y esperar que la Corte Suprema se pronunciara. La causa quedó paralizada.
El Ministerio Público Fiscal, el CECIM, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) bonaerense y otros querellantes presentaron recursos extraordinarios ante la Corte. En octubre de 2021, la misma Sala I de Casación los declaró admisibles y la causa quedó en manos del máximo tribunal. En noviembre de 2022, el procurador general interino Eduardo Casal dictaminó que correspondía hacer lugar al recurso y dejar sin efecto la sentencia de Casación, por considerarla arbitraria. Sin embargo, la Corte no se pronunció.
El panorama tuvo un nuevo movimiento en marzo de 2025. La Sala I de Casación, con el voto unánime de los jueces Alejandro Slokar, Carlos Mahiques y Diego Barroetaveña, hizo lugar a los recursos extraordinarios interpuestos por el fiscal general Javier de Luca, el CECIM, la CPM, la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense y el abogado Miguel Ángel Ávila en representación de excombatientes de Chaco y Corrientes. El fallo revocó una decisión previa de esa misma sala que había anulado el procesamiento del militar Gustavo Rodolfo Malacalza, y habilitó a la Corte para pronunciarse sobre si los hechos constituyen crímenes de guerra o de lesa humanidad. La Corte deberá ahora resolver once recursos extraordinarios acumulados.
La presión internacional
En paralelo al recorrido judicial interno, en diciembre de 2023 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró admisible un reclamo presentado por el CECIM y la CPM para que se declare la responsabilidad del Estado argentino por no haber investigado ni juzgado las torturas. El caso había llegado a la CIDH en 2015, luego de que la Corte convalidara un fallo de Casación favorable al imputado Jorge Taranto. La CIDH se suma así a la presión sobre la Argentina para que garantice justicia a las víctimas.
Para Jerónimo Guerrero Iraola, abogado del CECIM, el Poder Judicial “es cómplice de la tortura” y ha hecho eco del pacto de silencio e impunidad instalado por la dictadura. Alonso, por su parte, definió el caso como “el último tabú que queda de la dictadura argentina”, dado que el largo proceso de Memoria, Verdad y Justicia aún no llegó a Malvinas. La causa lleva 18 años en instrucción y todavía no pudo llegar a juicio oral: antes de que eso ocurra, la Corte Suprema debe definir si los militares imputados podrán ser juzgados o si la acción penal está extinguida.
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