En una audiencia excepcional, los ministros del Superior Tribunal de Justicia exigieron precisiones al titular del organismo, Rafael Meneses, sobre el cumplimiento de la sentencia. La obra social se comprometió a saldar la deuda y reactivar la atención de diez pacientes con patologías complejas el lunes, a más tardar.
El conflicto por la cobertura médica de pacientes chaqueños en el Hospital Italiano de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo este jueves, cuando el Superior Tribunal de Justicia (STJ) del Chaco convocó a una audiencia extraordinaria para exigir explicaciones al presidente del InSSSeP, Rafael Meneses, ante el reiterado incumplimiento de una sentencia judicial.
La audiencia, convocada de manera urgente el día previo, reunió a los cinco ministros del máximo tribunal provincial, Victor del Río, Iride Grillo, Enrique Varela, Mario Modi y Emilia Valle, quienes dejaron en claro el carácter excepcional del encuentro. Según se expuso durante la misma, se trata apenas de la segunda audiencia de este tipo en la historia del STJ, convocada específicamente para que la obra social explique cómo cumplirá una sentencia firme.
El fallo en cuestión —dictado en el marco de una acción de amparo— ordena al InSSSeP garantizar la cobertura médica en el Hospital Italiano para 10 niños, niñas y adolescentes con patologías complejas, cuyos tratamientos habían sido interrumpidos por una deuda del organismo con el nosocomio.
Según se pudo, durante la audiencia, los ministros cuestionaron con dureza la falta de respuestas concretas por parte del InSSSeP. Las intervenciones fueron directas: exigieron precisiones sobre plazos y mecanismos para cumplir con la resolución judicial. En ese contexto, Meneses quedó acorralado y finalmente se comprometió a realizar un primer pago inmediato para comenzar a saldar la deuda.
De acuerdo a lo plasmado en el acta de la reunión, la obra social aseguró que la situación quedará regularizada a más tardar el próximo lunes al mediodía, momento en el cual debería restablecerse plenamente la atención médica de los pacientes afectados.
El presidente del STJ, Enrique Varela, en su rol de coordinador de la audiencia, advirtió que ese plazo constituye un límite estricto. En caso de incumplimiento, el organismo podría enfrentar severas sanciones, en un escenario que los propios ministros calificaron como una posible desobediencia directa al Poder Judicial.
Durante el encuentro, también se debatió la posibilidad de avanzar con medidas más contundentes, como un embargo preventivo sobre las cuentas del InSSSeP. Sin embargo, el tribunal optó por otorgar un margen para el cumplimiento voluntario, respaldado —según se expresó— en el “activismo” de los propios jueces para garantizar la ejecución de la sentencia. También fueron parte de la reunión la madre de uno de los pacientes, en representación de todos los afectados, y el abogado que los representa, Sebastián Ferreyra Negri.
Un conflicto que se agravó
La audiencia se produjo en un contexto de fuerte tensión. Días antes, Ferreyra Negri había denunciado que el InSSSeP continuaba incumpliendo el fallo pese a las intimaciones judiciales.
En ese marco, solicitó la aplicación de multas millonarias —astreintes— contra las autoridades del organismo: $50 millones diarios contra el presidente y otros $50 millones contra el vicepresidente, con el objetivo de forzar el cumplimiento de la medida. Casualmente, tras conocerse este pedido, Fernando Alesso, vice de la obra social, renunció a su cargo por “motivos personales”.
Además, Ferreyra Negri pidió la intervención del Procurador General para investigar una posible desobediencia judicial, al considerar que el incumplimiento reviste gravedad institucional.
La falta de cobertura obligó a las familias a afrontar gastos médicos de urgencia y generó situaciones críticas, especialmente en pacientes con cuadros de extrema complejidad, algunos de ellos con riesgo de vida.
El eje del fallo
En su sentencia, el STJ fue contundente: los niños, niñas y adolescentes involucrados son sujetos de “múltiples vulnerabilidades” y sus derechos deben prevalecer por sobre cualquier limitación administrativa o presupuestaria.
El tribunal remarcó que los pacientes no pueden verse afectados por conflictos económicos entre la obra social y el prestador, y sostuvo que la interrupción de tratamientos en curso vulnera derechos fundamentales como la salud y la vida.
También dejó en claro que los cambios en la cartilla médica no pueden justificar la suspensión de prestaciones ya iniciadas, y que los afiliados tienen derecho a continuar con los equipos médicos que los vienen asistiendo.
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