Según el último relevamiento de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, 174 represores fueron condenados por hechos de violencia sexual durante la última dictadura cívico-militar desde que se reanudaron los juicios de lesa humanidad, en 2006. Del total de víctimas, 230 fueron mujeres y 40 varones. Los expolicías Gabino Manader y Albino Borda fueron los primeros condenados por delitos sexuales en el Chaco.
El reconocimiento de delitos de violencia sexual como parte del plan criminal implementado por la última dictadura quedó plasmado en 61 de las 361 sentencias que se dictaron desde 2006 en todo el país, de acuerdo al relevamiento realizado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y divulgado en el marco del Día Internacional de las Mujeres.
En el Chaco, la primera condena por delitos de violencia sexual durante la última dictadura cívico-militar fue en junio de 2018 cuando el Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó a los expolicías Gabino Manader y Albino Borda, en la denominada causa “Caballero II”, por hechos cometidos en el centro clandestino de detención de la exBrigada de Investigaciones de Resistencia.
Los números confirman que estos crímenes, durante décadas ignorados o subsumidos en otras figuras penales, han ido ganando visibilidad progresiva en los estrados judiciales argentinos, aunque todavía representan una fracción menor del total de condenas dictadas desde que se reabrieron los juicios por violaciones a los derechos humanos.
Las cifras: 61 sentencias, 174 condenados y 270 víctimas
El reconocimiento de delitos de violencia sexual como parte del plan criminal de la última dictadura quedó plasmado en 61 de las 361 sentencias dictadas desde 2006 en todo el país. Las personas condenadas por estas violencias ascienden a 174, de un universo total de 1.231 condenados desde que se reiniciaron los procesos.
De acuerdo con las sentencias, el fenómeno criminal tuvo como víctimas a 230 mujeres y a 40 varones. El dato sobre las víctimas masculinas resulta especialmente significativo, ya que durante mucho tiempo la violencia sexual en los centros clandestinos de detención fue asociada casi exclusivamente a las mujeres, cuando en realidad afectó también a los hombres detenidos. Por otro lado, 45 personas acusadas por este tipo de delitos resultaron absueltas al cabo de los juicios.
Una política criminal construida con el tiempo
Si bien las primeras sentencias por crímenes de lesa humanidad fueron dictadas en 2006, el primer pronunciamiento que incluyó delitos sexuales fue la condena a prisión perpetua del suboficial de la Armada Rafael Molina, dictada en 2011 por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. Recién entonces la Justicia comenzó a tratar estos hechos como crímenes autónomos y no como un apéndice de otros delitos.
El punto de inflexión institucional llegó al año siguiente. En 2012, a través de la Resolución PGN 557/2012, el Ministerio Público Fiscal incorporó formalmente la persecución penal de los crímenes de violencia sexual cometidos durante el terrorismo de Estado, instruyendo a los fiscales a requerir su investigación y sanción de forma autónoma, sin subsumirlos en otras figuras delictivas, como la de aplicación de tormentos. Esa decisión marcó un antes y un después: desde entonces, salvo en 2011, todos los años hubo sentencias que visibilizaron estos delitos en el contexto del terrorismo de Estado.
Entre los años con más pronunciamientos en ese sentido se destacan 2013, 2017, 2018 y 2022, con cinco sentencias cada uno, y 2023, cuando se registró el pico anual de seis. Los datos reflejan un proceso judicial lento pero sostenido, que ha logrado convertir en condenas lo que durante décadas permaneció en silencio.
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