En Chaco como todo el país , la brecha entre el discurso y la realidad vuelve a quedar expuesta. Mientras los funcionarios y legisladores provinciales perciben sueldos millonarios, los docentes —quienes sostienen el presente y el futuro de la sociedad— cobran salarios que oscilan entre los 700 y 890 mil pesos, montos que hoy no alcanzan para cubrir las necesidades básicas.
La educación es proclamada como prioridad en cada acto oficial, pero en los hechos sigue siendo relegada. Un docente chaqueño debe hacer malabares para llegar a fin de mes, asumir horas extras, endeudarse o incluso buscar otros trabajos para complementar ingresos. En paralelo, los cargos políticos mantienen privilegios, dietas elevadas y beneficios que parecen ajenos a la realidad económica de la mayoría de la población.
La pregunta es inevitable: ¿cuánto vale educar en Chaco?
Porque si el salario refleja la importancia que se le asigna a una función, el mensaje es claro y preocupante. Enseñar, formar y contener vale mucho menos que ocupar una banca o un cargo político.
No se trata de enfrentar sectores, sino de ordenar prioridades. Un sistema educativo fuerte no se construye con discursos, sino con salarios dignos, reconocimiento real y condiciones justas. Mientras esta desigualdad persista, hablar de calidad educativa será solo una expresión vacía.
La educación no puede seguir siendo la variable de ajuste. Cuando un político cobra millones y un docente no llega a fin de mes, el problema no es económico: es moral y político.
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