Los exámenes se realizarán en el Laboratorio Central de la Provincia o en el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses del Poder Judicial. Cada funcionario deberá abonar el mismo.
El Gobierno provincial promulgó este miércoles la ley que establece la realización obligatoria de exámenes toxicológicos para todos los funcionarios que desempeñen cargos políticos o jerárquicos en los tres Poderes del Estado. La norma busca garantizar que quienes ocupan funciones públicas no consuman sustancias psicoactivas ilegales mientras ejercen su cargo.
La ley alcanza a autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, organismos constitucionales y municipios, e introduce un marco de control que deberá cumplirse cada un año, luego de un primer examen obligatorio dentro de los dos meses posteriores a la entrada en vigencia de la norma.
¿QUIÉNES DEBERÁN HACERSE EL EXAMEN?
El texto aprobado establece que los controles serán exigidos a:
Poder Ejecutivo: Gobernador, vicegobernador, ministros, secretarios, subsecretarios, funcionarios de entes autárquicos y descentralizados, vocales e integrantes de directorios.
Poder Legislativo: Presidente de la Cámara y legisladores provinciales.
Poder Judicial: Ministros del Superior Tribunal de Justicia, procurador general, defensor general, jueces, fiscales, defensores y asesores de niñas, niños y adolescentes de todas las circunscripciones.
Organismos constitucionales: Defensoría del Pueblo, Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento.
Municipios: Intendentes y concejales.
QUÉ PASA SI UN FUNCIONARIO DA POSITIVO.
La ley dispone que, si un examen detecta metabolitos de sustancias psicoactivas ilegales, cada organismo deberá aplicar los mecanismos correspondientes para determinar si el funcionario debe ser: suspendido, licenciado, o separado temporalmente hasta su recuperación.
Todo esto deberá realizarse respetando la Constitución Provincial, la legislación vigente y las garantías individuales del funcionario involucrado.
DÓNDE SE HARÁN LOS ESTUDIOS Y QUIÉN LOS PAGA.
Los exámenes serán realizados exclusivamente por dos organismos oficiales: Laboratorio Central de la Provincia e Instituto de Medicina y Ciencias Forenses del Poder Judicial.
Además, la ley establece que cada funcionario deberá pagar su propio examen. También se garantiza el derecho de defensa mediante los mecanismos de impugnación previstos en la normativa procesal vigente.
IMPLEMENTACIÓN Y ADHESIÓN MUNICIPAL.
La máxima autoridad de cada Poder u organismo será responsable de la aplicación de la ley y de dictar las disposiciones administrativas necesarias para su cumplimiento.
Finalmente, la norma invita a todos los municipios de la provincia a adherir al sistema de controles toxicológicos obligatorios.
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