Finalizando el año 2022, el Tribunal de Cuentas resolvió iniciar el Juicio de Cuentas contra el intendente y referente de La Cámpora, Franco Ciucci y otros, por 94 millones de pesos. Parece que los abogados del intendente le sugirieron que, dadas las "pruebas" que fue dejando en el camino cual "pato criollo", era mejor que busque conquistar una banca como legislador para acceder a los fueros, ante una eventual condena en el ámbito judicial, que podría ocurrir en los próximos años.
Hasta aquí, sin complicaciones y sin nada que preocuparse. Un capítulo más del tire y afloje de los números de la pauta publicitaria para la futura campaña electoral.
Pero la verdadera preocupación surgió cuando un abogado advirtió que en la resolución del Tribunal de Cuentas, entre los cargos que se efectúan contra el intendente, se menciona actividades bancarias donde "no existe documentación respaldatoria ni se identifica los orígenes de recaudación" de esos dineros depositados en el banco, por lo cual surge la obligación de "INFORMAR DADA LAS LEYES DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS"y éste aspecto, abriría la pósibilidad de intervención de la JUSTICIA FEDERAL, que no está tan ciega e ineficaz como la Justicia Provincial.
Y peor aún, la competencia de la Jurisdicción Federal es la de Sáenz Peña, que una vez eliminado del cargo el protector de narcos y corruptos -el ex conjuez Miguel Aranda- deja con mayor libertad de acción al fiscal Carlos Amad, que ya llevó a juicio y condena a dos jueces federales y va por el tercero, el mismo Miguel Aranda.
Ésta es la luz de "alerta roja" que vieron los asesores letrados de Ciucci: que la causa podría caer en la "cocina" del fiscal Amad, quien hasta el momento se ha mostrado impermeable a las presiones político-partidarias y hasta se bancó las amenazas de organizaciones narcocriminales de Argentina y Bolivia.
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