Según un comunicado oficial, "la manifestación se desarrolló con total normalidad" y "no hubo privación de la libertad". La jueza había dado otra versión.
El pasado martes un grupo de la comunidad wichí se congregó en las afueras del Juzgado de Paz de El Sauzalito para manifestarse y pedir más resultados en la investigación del femicidio de la joven J.R., de 16 años.
El reclamo fue subiendo de tono y los manifestantes iniciaron una fogata en la entrada del edificio judicial, mientras que la jueza Noemí Pérez permanecía en el lugar junto a trabajadores.
La magistrada afirmó que no podía salir del lugar y recién por la noche logró retirarse del Juzgado tras firmar un acta de la que desconoce el contenido. "En un momento, me llama el comisario y me dijo que la única condición para que saliéramos era que yo firmara el acta", relató ante este medio durante el miércoles.
Ante la situación, ayer un equipo compuesto por representantes del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial se acercó hasta la localidad norteña con el objetivo de conocer los detalles en el lugar e interiorizarse sobre los hechos.
Luego de eso el Ejecutivo Provincial sacó un comunicado en el que brindó una versión diferente a la de la jueza Pérez. El informe de prensa afirma que "El comisario local Octavio Molina, que encabezó el operativo de seguridad de la manifestación por el pedido de justicia frente al Juzgado de Paz de la localidad, aseguró que la manifestación se desarrolló con normalidad y no hubo bloqueo del ingreso o egreso a la sede judicial como trascendió en algunos medios de comunicación".
"Asimismo, en la constatación realizada por personal de la Policía del Chaco se pudo saber que el edificio del Juzgado no sufrió daños materiales y tampoco estuvo cerrado con candados", agregó.
A su vez, afirman que "un médico constató el buen estado de salud y físico de la jueza de paz local, cuya integridad física no estuvo en riesgo ya que desde el inicio de la manifestación estuvo custodiada por las fuerzas de seguridad. Tampoco hubo privación de la libertad ni toma de rehenes como también trascendió".
LA REUNIÓN ENTRE GOBIERNO, JUSTICIA Y MANIFESTANTES
La comitiva del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial estuvo encabezada por la ministra de Seguridad y Justicia Gloria Zalazar y el Procurador General Jorge Canteros. Acompañaron además la secretaria de Derechos Humanos y Géneros Silvana Pérez, el subsecretario de Planificación en Seguridad Leandro Álvarez y la coordinadora integral en el Poder Judicial de los pueblos indígenas del Chaco Elizabeth González, quien ofició de traductora e intérprete.
Desde el gobierno informaron que "las autoridades se convocaron en asamblea junto a la comunidad Wichí a fin de escuchar su versión de los hechos en torno al femicidio de la joven de 16 años J.R, las demandas y el pedido de justicia. La comunidad aclaró que solo piden que se haga Justicia y demandan una solución pacífica a los conflictos que la atraviesan".
Por eso "se conformó un espacio de escucha activa y participativa de los poderes Ejecutivo y Judicial a la comunidad, a fin de fortalecer el trabajo por mayor acceso a la Justicia y un servicio óptimo con perspectiva de género. Además de brindar, en este caso en particular, asistencia y acompañamiento a los familiares de la víctima del femicidio".
"En tanto la comunidad se comprometió a mantener el diálogo con los poderes Ejecutivo y Judicial con el objetivo de llegar a una solución pacífica y avanzar en la investigación del femicidio", afirma también el comunicado.
Por último, cierran: "Desde el momento en que se conoció el femicidio un equipo interdisciplinario del Poder Ejecutivo trabaja junto a la familia para garantizar el acceso a la justicia, puesto que la investigación penal se encuentra a cargo del Ministerio Público Fiscal. La Secretaría de DDHH y Géneros, a través de Litigios Estratégicos, se constituyó como querellante en la causa y se pusieron a disposición de la familia para evacuar dudas y ser un canal de comunicación entre la Fiscalía y la familia, informándoles también sobre los alcances de la Ley Brisa y ayudas urgentes del Estado para estas situaciones".
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