En junio de 2023, el procurador general del Chaco Jorge Canteros aseguró que el caso Cecilia representaría “un antes y un después” en la historia de la justicia chaqueña. Sin embargo, a tres años de ese hecho que conmocionó a la sociedad solo 1 de las 3 Fiscalías Especializadas en Violencia de Género quiso aportar datos oficiales sobre el estado de las investigaciones por muertes violentas de mujeres registradas en el Chaco durante el período 2024-2025. De las 27 causas registradas en ese lapso por este medio, solo 7 llegaron a sentencia y 12 permanecen abiertas. De las 7 condenas, 4 fueron en juicios abreviados.
En marzo de este año, se inició un trabajo de investigación periodística, fiscalía por fiscalía, para poder recabar el estado de las investigaciones por las 27 muertes violentas de mujeres registradas en la provincia del Chaco durante el período 2024-2025. Es decir, con posterioridad al “antes y después” que, al decir del procurador general Jorge Canteros, representó el caso Cecilia.
Nuestra investigación sumó también a las cámaras del crimen, que tienen a su cargo realizar la última etapa del proceso penal: dictar sentencia. En esta ocasión solicitamos también que nos digan si aún tenían causas del año 2023, en etapa investigativa o pendientes de juicio. Este informe incluye datos recabados hasta el 29 de mayo de este año.
El primer escollo que nos encontramos para llevar adelante este relevamiento es que las fiscalías especializadas en Violencia de Género Nº 4, de Jorge Cáceres Olivera y Nº 9, de Fernanda Abraham, con sede en Resistencia, no contestaron los pedidos de informes. A todas las dependencias consultadas se les remitió un correo electrónico con las mismas preguntas. De hecho, de las 3 Fiscalías sobre Violencia de Género, solo la Nº 11, a cargo de la fiscal María Noel Benítez, decidió aportar información oficial para este informe.
Esto nos deja sin datos oficiales de 3 causas consideradas desde el inicio como muertes en contexto de violencia de género. Otras fiscalías o cámaras del crimen tampoco contestaron a las requisitorias así llegamos a un total de 10 causas penales en las que no se nos permitió tener acceso a datos oficiales. De ese número, 7 corresponden a Resistencia y 3 al interior provincial.
A su vez, la información suministrada fue muchas veces incompleta o carente de documentación que respalde las decisiones de las fiscalías. Es así que para completar los datos y reconstruir el estado de las investigaciones debimos recurrir a fuentes extraoficiales.
Datos encontrados
De las 27 investigaciones abiertas durante el 2024 y el 2025 solo 7 llegaron a condenas. De 6 de ellas obtuvimos datos oficiales: al ser hechos agravados por el vínculo y en contexto de violencia de género sus resultados fueron prisiones perpetuas. Se realizaron 2 juicios por jurados y 4 juicios abreviados, con acuerdo de las querellas particulares cuando éstas se hallaban constituidas.
Otros 6 finalizaron con el archivo de las causas: 4 por el suicidio de los autores y 2 por inexistencia de delito. En otros 2 casos las fiscalías habían clausurado su investigación al cierre de este informe.
Es decir que existen aún 12 causas abiertas en proceso de investigación. Lo alarmante es comprobar que las que llegaron más rápido a su finalización son aquellas en las que los acusados aceptaron su culpabilidad -en juicio abreviado- o se quitaron la vida.
Podemos entender la complejidad de algunos casos, sin embargo es imposible medir esta circunstancia al no contar con datos oficiales, ya sea por la decisión de negar la información pública como por retacearla o brindarla de manera parcializada y deficiente.
La información oficial que sí pudimos recabar para dar cuenta del funcionamiento del Poder Judicial del Chaco respecto de los casos de muertes violentas de mujeres durante el período analizado se debe a que algunas cámaras del crimen y algunas fiscalías decidieron colaborar con esta investigación periodística y rendir cuentas de su labor. Lo que no es otra cosa que dar respuesta ante la ciudadanía sobre su tarea como funcionarios públicos. Ellas fueron: la Cámara en lo Criminal Nº 1 de Resistencia, la Cámara en lo Criminal Nº 1 de Presidencia Roque Sáenz Peña y la Cámara en lo Criminal de Charata. En el caso de las fiscalías penales, fueron la Nº 6 de Resistencia, la Nº 3 de Presidencia Roque Sáenz Peña, la Nº 1 de Charata y la Nº 1 de Juan José Castelli.
El dato oculto
Una aclaración: es una obligación legal brindar la información pública y un derecho de toda persona que se debe brindar en forma completa, constituyendo una falta grave contestar en forma ambigua o incompleta (Ley 1774-B).
De las contestaciones por escrito surgió de manera notoria cómo se oculta determinada información. Por ejemplo, cuando se consultó si existían querellantes particulares constituidos, algunas dependencias omitieron directamente contestar esa pregunta. Quizás prefieren evitar que este medio se contacte con las y los profesionales que están patrocinando a las familias. Quizás tengan algo para decir, a favor o en contra de la investigación. No lo pudimos saber.
Otro ejemplo. Se les preguntó si tenían pendiente alguna causa iniciada en el año 2023. Salvo la Fiscalía N° 11 especializada en género, las otras dependencias contestaron que no. Sin embargo, en la Fiscalía 4 de Sáenz Peña, a cargo del fiscal Gustavo Valero, se encuentra aún en trámite la investigación por la desaparición y presunto femicidio de Maria Luz Herrera Leaño, ocurrido en septiembre del 2023. Esto nos hace dudar de si las otras fiscalías suministraron la información completa.
Además, desde el inicio de esta búsqueda de datos oficiales se le preguntó al Ministerio Público Fiscal por la investigación de las muertes de mujeres ocurridas en forma violenta, no sólo aquellas caratuladas como femicidios. El listado de las causas fue suministrado por la Oficina de Política Criminal y desde allí comenzamos un rastrillaje por las distintas dependencias, ya que la Oficina no pudo suministrar los detalles requeridos.
Sin embargo ese listado también resultó incompleto. Por lo que no podemos confiar en que la información oficial se brinde de acuerdo a los términos legales.
¿Cómo llegamos a esta conclusión? Las familias denuncian ante la prensa la falta de investigación. Así sucedió con la muerte de Agostina Caro, ocurrida en diciembre del 2024 por un disparo de arma de fuego. El expediente está radicado también en la Fiscalía 4 de Sáenz Peña, a cargo del fiscal Gustavo Valero. La información oficial no debiera estar bajo sospecha.
¿Antes y después?
A nadie escapa que proporcionar información sobre investigaciones en marcha puede generar indignación en la población. Una hipótesis más que probable es que el Ministerio Público Fiscal, como integrante del Poder Judicial del Chaco, intenta administrar el nivel de irritación de la sociedad chaqueña respecto de las muertes violentas de mujeres.
No obstante, y dada la falta de predisposición para brindar información oficial por parte de las fiscalías especializadas en Violencia de Género, por ahora resulta incomprobable que el caso Cecilia haya sido verdaderamente una “bisagra” en la investigación de este tipo de casos.
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